MADRID (Reuters) - España ejerció un uso excesivo de la fuerza policial durante el referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña y restringió el derecho a la libertad de expresión después de que la justicia suspendiera la consulta, dijo el jueves la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI).
En su informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", que reúne sus conclusiones sobre 159 países en 2017, la organización calificó de "excesivo y desproporcionado" el encarcelamiento de los líderes de dos asociaciones civiles independentistas catalanas por los presuntos delitos de rebelión y sedición.
"Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación policial", dijo el informe, que destacó no obstante que el Gobierno catalán desafió las sentencias del Tribunal Constitucional español al decidir seguir adelante con la celebración de la votación.
Decenas de personas resultaron heridas el 1 de octubre en Cataluña en las cargas policiales para impedir la consulta previamente paralizada por el Constitucional.
El Gobierno español defendió en su momento la actuación de los efectivos policiales y dijo que habían actuado de forma proporcionada para hacer cumplir la ley.
Según el grupo, "algunas autoridades restringieron de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica" y citó la prohibición de dos reuniones públicas de apoyo al referéndum en Madrid y Vitoria.
También calificó de "desproporcionado" el encarcelamiento a primeros de noviembre de los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
La Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión tras hacerles responsables de alentar a través de las redes sociales y de forma presencial las tumultuosas concentraciones que el 20 y 21 de septiembre trataron de impedir los registros de varias sedes de la Generalitat y la detención de varios altos cargos.
EL PELIGRO DE "ALZAR LA VOZ"
La organización destacó por otro lado el procesamiento de decenas de personas por "enaltecimiento del terrorismo" y "humillación a las víctimas" en las redes sociales.
"En muchos casos, las autoridades presentaron cargos contra personas que habían expresado opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos", dijo el informe.
Amnistía citó el caso de la tuitera Cassandra Vera, que recibió una condena de un año de cárcel - después suspendida - por humillación a las víctimas tras publicar en Twitter unos chistes sobre la muerte del que fuera presidente del Gobierno de Francisco Franco Luis Carrero Blanco.
El grupo también hizo referencia a una causa por incitación al odio contra los titiriteros Lázaro de la Fuente y Raúl García, que en 2016 pasaron cinco días en prisión por cargos de "enaltecimiento del terrorismo" tras representar una obra de marionetas en la que uno de los personajes portaba un cartel en el que se leía "Gora Alka ETA" (Viva Alka ETA).
"Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso, 'gracias' a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información", dijo AI, refiriéndose a la conocida en España como "ley mordaza".