MADRID (Reuters) - El aumento de las condenas por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas supone un grave riesgo para la libertad de expresión en España, dijo Amnistía Internacional en un informe publicado el martes.
El grupo de defensa de derechos humanos dio la voz de alarma sobre las actuaciones de seguridad nacional adoptadas por España en 2017, un año en el que se ha llevado a los tribunales a 39 personas por comentarios en redes sociales y expresiones artísticas por acusaciones de enaltecimiento del terrorismo.
El informe de 16 páginas, titulado "Tuitea ... si te atreves: cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España", afirma que la ley está "limitando el espacio del debate público y abierto" y está llevando a las personas a "autocensurarse".
"No se puede encarcelar a nadie en el marco de la libertad de expresión y en el marco de un debate político cuando no existe ningún tipo de amenaza. Esto tiene que ser reconocido por las autoridades", dijo el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, en una rueda de prensa el martes ante la Audiencia Nacional.
El artículo 578 del código penal lleva vigente desde el año 1995, pero ha sido a partir de 2015 con la introducción de La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como "ley mordaza", cuando la cifra de personas procesadas se ha elevado exponencialmente, condenándose a 84 personas en los últimos 3 años.
Las penas por este artículo oscilan entre uno y tres años de prisión, y la legislación considera que emplear medios electrónicos como las redes sociales Twitter o Facebook (NASDAQ:FB) es un agravante.
El informe destaca las llamadas "operaciones araña" llevadas a cabo por las autoridades desde 2014, en las que fueron detenidas 73 personas por sus comentarios en redes sociales. Uno de los casos fue el de Cassandra, una joven de 22 años procesada por humillación a las víctimas del terrorismo tras publicar unos chistes en Twitter sobre Luis Carrero Blanco, que fue presidente del Gobierno en 1973 durante la dictadura de Francisco Franco y murió en un atentado con coche bomba.
"Hay que acabar con el (artículo) 578, hay que acabar con su ambigüedad y hay que seguir luchando para que todos los que están condenados ahora mismo sean absueltos", defendió Cassandra durante la rueda de prensa de Amnistía.
Por otra parte, Amnistía Internacional también denunció las restricciones en la esfera artística. Raperos y cantantes como Pablo Hasel o Cesar Strawberry han sido condenados a prisión por las letras de sus canciones. El caso más reciente es la sentencia de dos años y un día de prisión para el colectivo musical La Insurgencia, señala Amnistía.
El Informe del grupo de derechos humanos se publica el mismo día que el Tribunal Europeo condena a España por la encarcelación de dos ciudadanos que quemaron en 2007 una imagen de los reyes en una manifestación en Girona, afirmando que la pena impuesta violaba la libertad de expresión.
"La decisión del TJUE es un mensaje muy claro: molestar, perturbar, es libertad de expresión", dijo Beltrán. "Quemar fotos o hacer declaraciones en contra del rey deben tomarse como un debate político y el debate político no está para que la gente esté en la cárcel".
Una portavoz del Tribunal Supremo rechazó hacer comentarios, mientras que no fue posible obtener un comentario inmediato del Ministerio de Justicia.
Amnistía advirtió de que estas normativas restrictivas ya se están aplicando en más países del bloque, como Francia o Reino Unido y a partir de septiembre de 2018 la directiva de la Unión Europea también penalizará la "apología" del terrorismo.
"Nuestra investigación en España debería servir como advertencia para esos países. Demuestra los peligros de las leyes amplias y vagas que prohíben el enaltecimiento, demuestra cómo tales leyes pueden apagar la libertad de expresión y conducir a un clima de autocensura", concluyó Eda Seyhan, autora del informe, durante la rueda de prensa.