Por Lawrence Hurley y Jan Wolfe
WASHINGTON, 15 jun (Reuters) - El fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que protege los derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales en el lugar de trabajo sienta las bases para otra importante lucha judicial sobre el alcance de las exenciones religiosas a determinadas leyes federales que podrían diluir el impacto de la histórica decisión.
Los jueces dictaminaron el lunes con 6 votos a favor y 3 en contra que la legislación laboral protege a los empleados homosexuales y transexuales de la discriminación, pero no resolvieron algunas cuestiones legales relacionadas. Una de ellas es si el tribunal, que tiene una mayoría conservadora de 5 a 4, ampliará la capacidad de los individuos, empresas y organizaciones para alegar creencias religiosas al impugnar medidas del Gobierno, como por ejemplo la aplicación de leyes antidiscriminatorias.
En su próximo mandato, que comienza en octubre, los jueces decidirán si Filadelfia violó los derechos de libertad de expresión y religión de la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU por la forma en que trató a una organización que es parte de la archidiócesis católica romana de la ciudad. Las autoridades de la ciudad prohibieron a los Servicios Sociales Católicos participar en el programa de acogida de Filadelfia porque la organización prohibió a las parejas del mismo sexo servir como padres adoptivos, lo que constituye una vulneración de sus políticas antidiscriminatorias.
Un fallo a favor de los Servicios Sociales Católicos podría facilitar que las personas invoquen sus creencias religiosas al pedir exenciones a las leyes de aplicación general, incluso en el ámbito laboral.
"Sin duda, hay maneras de que el resultado pueda ser que haya un derecho constitucional a discriminar", dijo el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, James Esseks, en referencia a las opciones que tienen los jueces para decidir sobre la disputa.
Los Servicios Sociales Católicos han pedido al tribunal que revoque un fallo del Tribunal Supremo de 1990 en el caso División de Empleo contra Smith que limitaba dichas exenciones. La revocación de ese fallo "abriría todo un abanico de defensas religiosas", dijo John Bursch, abogado del grupo legal cristiano conservador Alliance Defending Freedom.
LEY DE RESTAURACIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Incluso aunque el tribunal no lo haga, las empresas pueden preparar defensas basadas en la religión en virtud de una ley federal de 1993 llamada Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.
R.G. and G.R. Harris Funeral Homes Inc de Detroit, una de las empresas nombradas en los casos de discriminación sobre los que falló el Supremo el lunes, citó esa ley en su defensa después de que una exempleada transexual, Aimee Stephens, demandara a la empresa.
El Tribunal Supremo no decidió sobre las cuestiones de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. El juez Neil Gorsuch, autor del fallo, escribió que "la forma en que estas doctrinas que protegen la libertad religiosa se relacionan con el Título VII (la sección de la ley de derechos civiles en cuestión) es una cuestión para casos futuros".
Las empresas tienen por delante un "punto de partida bastante bueno" a la hora de presentar una apelación por derechos religiosos después de un fallo del Supremo en 2014 permitiera que esa ley fuera invocada por las empresas, según la profesora de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, Caroline Mala Corbin.
Más allá del tema de los derechos religiosos, está la cuestión de si otras leyes federales que prohíben la discriminación basada en el sexo, incluidas las que implican prejuicios sobre la vivienda y la educación, deben interpretarse como garantes de la orientación sexual y la identidad de género. De ser así, se trataría de un argumento que podría afectar la actual disputa sobre si se puede prohibir a los estudiantes transexuales utilizar el baño que corresponde a su identidad de género, como lo hizo un distrito escolar de Virginia en un caso pendiente en los tribunales inferiores.
En los últimos años, el Tribunal Supremo ha enviado mensajes contradictorios sobre el solapamiento entre los derechos de los homosexuales y los derechos religiosos. Respaldó los derechos de los gays en una serie de sentencias que culminaron con la decisión de 2015 de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Pero también ha apoyado los derechos religiosos, por ejemplo, con un fallo en 2014 que permite a los propietarios de empresas presentar objeciones religiosas contra el Estado.
En 2018, los jueces dieron una victoria por poco margen a un panadero de Colorado que se negó, basándose en sus creencias cristianas, a hacer una tarta de boda para una pareja gay, pero no llegó a sentar un precedente importante que permitiera a los ciudadanos alegar exenciones religiosas para no aplicar leyes antidiscriminatorias.
Una pieza importante en dichos casos era el juez conservador Anthony Kennedy, que se jubiló en 2018. El presidente Donald Trump nombró a Brett Kavanaugh para reemplazarlo. Kennedy escribió el fallo sobre el matrimonio gay, sumándose a los progresistas del tribunal, pero se unió a sus compañeros conservadores en los fallos sobre los derechos religiosos y la panadería.
Kavanaugh, como Gorsuch, ha mostrado comprensión por las reivindicaciones de libertad religiosa. Kavanaugh disintió en el fallo del lunes.
Bursch dijo que hay una "fuerte posibilidad" de que la falta de unanimidad en el fallo del lunes no se repita cuando el tribunal decida el caso de los padres adoptivos, cuyo fallo está previsto para finales de junio de 2021.
(Información de Lawrence Hurley y Jan Wolfe; editado por Will Dunham; traducido por Tomás Cobos)