Por Jose Elías Rodríguez
MADRID (Reuters) - Doce líderes independentistas catalanes acudieron el martes al Tribunal Supremo español para el juicio por su papel en la ofensiva separatista de otoño de 2017, un proceso que reabrió heridas históricas y desencadenó la mayor crisis política de España en décadas.
Los líderes separatistas llegaron el martes a los juzgados en dos camionetas flanqueadas por vehículos policiales, procedentes de la prisión de Soto del Real, en las afueras de Madrid, donde se encontraban detenidos.
Una de las cuestiones que se dirimirán es si los líderes catalanes independentistas deben permanecer en prisión o no. La Fiscalía pide penas de prisión de hasta 25 años por cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos, que todos ellos rechazan, en un juicio transmitido por televisión.
Cientos de policías, con agentes antiterroristas entre ellos, se desplegaron alrededor del edificio judicial, donde partidarios separatistas expresaban su apoyo a los acusados frente a manifestantes contrarios a la independencia.
Entre los partidarios de los independentistas, había carteles que decían "Libertad para los presos políticos", mientras un grupo que se oponía a ellos gritaba "Golpistas", acusando a los separatistas catalanes de haber intentado desmantelar el Estado español con una declaración unilateral de independencia.
En sus intervenciones iniciales del juicio, uno de los abogados defensores dijo que los acusados tenían el derecho de buscar la independencia de su región.
"Tiene derechos a defender esa idea (...) es sinónimo de paz y no de guerra", dijo el abogado Andreu Van den Eyndehe en el tribunal.
El inicio del juicio coincide con un momento difícil para el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que controla menos de un cuarto de los escaños del Congreso y se enfrenta a la votación de los presupuestos de 2019 el miércoles. En caso de no aprobarse el plan presupuestario, podrían celebrarse elecciones generales este mismo año.
DEMOCRACIA BAJO ESCRUTINIO
El caso también sitúa en el foco en el funcionamiento de la democracia española —relativamente joven para los estándares europeos—, poniéndola bajo el mayor escrutinio desde el fallido golpe de Estado en 1981.
Partidarios de los acusados dijeron el martes que son presos políticos y que el juicio en sí es político, mientras que el Gobierno rechaza esta visión, al considerar que los acusados incumplieron la ley y que el proceso judicial se está realizando de manera independiente, tal como establece la ley.
No está previsto que los acusados hablen en el tribunal en el primer día del juicio, que está reservado para cuestiones de procedimiento. Nueve de los acusados se encuentran en prisión sin fianza desde finales de 2017 o principios de 2018.
Mientras, hay otros siete políticos que participaron en el denominado "procés" —incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont— que se encuentran en un exilio autoimpuesto en diferentes países europeos. Puigdemont dijo el lunes desde Berlín que el juicio era "un test de estrés para la democracia española".
El proceso judicial se centra en el prohibido referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia, a finales del mismo mes, que llevó a la intervención de Cataluña por parte del Gobierno central, entonces dirigido por el conservador Partido Popular.
Tanto fuera como dentro de España causó conmoción el uso de porras y pelotas de goma por parte de la policía contra los manifestantes el día de la consulta separatista.
La ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ) considera que el juicio a los líderes catalanes puede "poner en peligro los derechos humanos" y sentar un precedente.
"El mundo mira a Madrid... lo que se quiere en este proceso no es juzgar sino condenar por razones políticas", dijo a la prensa Olivier Peter, abogado de uno de los acusados.
DIFÍCIL PANORAMA PRESUPUESTARIO
Aunque rechaza negociar el derecho de autodeterminación de Cataluña, Sánchez ha adoptado un tono más conciliador con los nacionalistas catalanes que el Partido Popular, y ha intentado abrir un diálogo.
Sin embargo, los independentistas han rechazado dar su apoyo a los Presupuestos, ante la negativa de Sánchez a negociar un proceso de autodeterminación.
"Dentro de la Constitución, el @PSOE propuso una comisión de política territorial en el Congreso y una Mesa de partidos catalanes en el Parlament. Las derechas nunca participaron. El independentismo nunca creyó en ellas. Viven mejor en la confrontación. Tienen miedo al diálogo", dijo Sánchez en Twitter.
Es probable que la imposibilidad de aprobar los Presupuestos lleve a unas elecciones anticipadas.
En su defensa del proyecto de Presupuestos de 2019, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, dijo que el Ejecutivo "no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie", en una velada referencia al proceso de negociación con los independentistas.
Los separatistas han hecho un llamamiento a un breve paro laboral a mediodía en protesta por el juicio, y han convocado una manifestación en Barcelona por la tarde, además de otra protesta el sábado y una huelga general el 21 de febrero.
Tras intervenir las instituciones catalanes en 2017 como respuesta al impulso independentista, el anterior Gobierno del PP convocó elecciones autonómicas para frenar al movimiento secesionista, pero los partidos independentistas volvieron a obtener mayoría en el Parlamento catalán.
El juicio podría durar al menos tres meses y es posible que el veredicto final no se conozca antes de junio.
(Información adicional de Joan Faus y Andrei Khalip; traducido por Rodrigo de Miguel en la redacción de Madrid)