MADRID (Reuters) - El exconsejero de presidencia de la Generalitat y diputado Francesc Homs defendió el lunes su decisión de mantener una consulta indepedentista en Cataluña en 2014 que había sido prohibida por la Justicia española, hechos por los que se le juzga hoy por desobediencia.
En su declaración ante el Tribunal Supremo en un juicio que ha calificado de político, Homs alegó que el Gobierno catalán siguió adelante con un "proceso participativo" promovido por voluntarios porque la prohibición judicial carecía de claridad.
"Creo que no hicimos ningún tipo de irregularidad administrativa, mucho menos que cometiésemos un delito", dijo el político del nacionalista Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en su declaración en Madrid.
"Estaban en juego los derechos fundamentales a la participación política de los ciudadanos y, al lado, una providencia inconcreta, que era un automatismo del Constitucional", añadió.
Acusado de prevaricación y desobediencia por permitir el referéndum no vinculante que había sido prohibido a instancias del Gobierno central, la Fiscalía pide para el exconsejero catalán nueve años de inhabilitación para cargo público por el primero de los delitos y 30.000 euros de multa por el segundo.
"Asumo todos los hechos que usted me incrimina y podría añadir más, porque era lo que tenía que hacer", dijo Homs al fiscal.
Rodeado de banderas catalanas y carteles en los que podía leerse en catalán "Las urnas no se juzgan", Homs estuvo acompañado el lunes a su llegada al Supremo de una comitiva de decenas de personas en la que figuraba el expresidente catalán Artur Mas y algunos miembros del actual Gobierno catalán.
La solicitud de pena para Homs es un año inferior a la pedida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para el expresidente Mas por la misma consulta, en la que participaron cerca de dos millones de los 7,5 millones de catalanes el 9 de noviembre de 2014.
A diferencia de Artur Mas, Homs está siendo juzgado por el Supremo por ser diputado del Congreso español, lo que le otorga la condición de aforado y por tanto solo el alto tribunal puede procesarle.
La judicialización de un asunto que la Generalitat considera político no ha hecho más que avivar el enfrentamiento entre las autoridades de Madrid y Barcelona por un referéndum que el gobierno catalán quiere volver a celebrar, esta vez con carácter vinculante, antes de septiembre de este año.
Pese a la insistencia de la Generalitat en preguntar a los catalanes sobre su relación con España, el Gobierno de Mariano Rajoy se ampara en la unidad indivisible de la nación española que recoge la Constitución para rechazar frontalmente una consulta que quiere la mayoría en Cataluña. 2017-02-27T134137Z_1_LYNXMPED1Q0XN_RTROPTP_1_SPAIN-POLITICS-CATALONIA.JPG