MADRID (Reuters) - El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó el lunes al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por la celebración en Cataluña de una consulta no vinculante sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014 pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.
El fallo representa un capítulo más en la judicialización de un asunto que el Gobierno catalán considera político y que ha elevado las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno central de Mariano Rajoy, que ha descartado rotundamente cualquier referéndum de autodeterminación.
"En el Estado español la ley no es igual para todos (...) se persigue a la gente por sus ideas", dijo Mas en una rueda de prensa en la que anunció que recurriría la sentencia ante el Supremo, el Constitucional y hasta el Tribunal de Estrasburgo si fuera necesario.
La condena por desobediencia al Constitucional podría suponer un revés temporal para la carrera política de Mas, que, pese a apartarse el año pasado de la primera línea para favorecer la formación del Gobierno en Cataluña, nunca ha abandonado sus aspiraciones políticas en la región.
Mas fue sustituido por Carles Puigdemont al frente de la Generalitat, quien prepara la convocatoria para septiembre de un nuevo referéndum que aseguran esta vez sí será vinculante y supondrá la ruptura con España si vuelve a ganar el "sí" a la independencia como en 2014.
"Es una sentencia que está cogida con forceps y no es lo que una democracia tendría que aspirar a tener", dijo Mas.
ABSUELTOS DE PREVARICACIÓN
Al igual que a Mas, condenado por desobediencia pero absuelto del delito de prevaricación administrativa, el TSJC también inhabilitó durante un año y nueve meses a la entonces vicepresidenta catalana Joana Ortega y a un año y seis meses a la exconsejera de Educación Irene Rigau.
El tribunal considera probado que los tres políticos siguieron adelante con la organización de la consulta pese a que el Constitucional había anulado días antes la convocatoria ordenando detener los procedimientos de la administración catalana en ese sentido.
La sentencia rebaja considerablemente las penas que pedía la fiscalía, de diez años de inhabilitación para Mas y de nueve para sus exconsejeras.
"Pedimos a toda la gente que sigan, que nadie tenga miedo. Nos querían arrodillados y nos encontrarán de pie", dijo Mas junto a Ortega y Rigau en la sede del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), señalando que volverían a hacer lo mismo porque "no se arrepienten de absolutamente nada".
El 9-N y sus posteriores implicaciones judiciales empeoraron las relaciones entre Madrid y Barcelona en pleno auge soberanista en Cataluña, que representa alrededor del 20 por ciento del PIB español.
Durante el juicio, al que acudió arropado por miles de personas, Mas alegó que él no convocó a la ciudadanía, sino que dejó en manos de voluntarios la organización de la consulta.
La condena se conoce en un momento en el que la justicia está investigando la presunta financiación ilegal de Convergència bajo el liderazgo de Mas, que ha acusado al Gobierno del Partido Popular de "montar una operación Cataluña" para desprestigiar a los líderes soberanistas.