Por Sam Edwards
BARCELONA (Reuters) - El Gobierno balear multará a partir del martes a los propietarios de viviendas vacacionales alquiladas ilegalmente a turistas con sanciones de hasta 40.000 euros, tras la violenta reacción a los efectos del turismo de masas en el país.
La medida es la última adoptada por las autoridades españolas para regular la actividad de los portales web para compartir alojamiento como Airbnb, debido a la mayor preocupación por los efectos secundarios de su creciente popularidad.
Airbnb, de manera muy similar a la web Uber, se enfrenta a la mano dura de los gobernantes en todo el mundo motivada en parte por el sector hotelero, que ve este servicio de alquiler como competencia desleal.
En las Baleares, que este junio albergaron a más turistas extranjeros que ninguna otra comunidad española, el precio de los alquileres ha aumentado y hay temor a que lleguen a faltar viviendas para los residentes locales.
Los precios del alquiler en Palma de Mallorca, la capital balear, han subido un 40 por ciento en los últimos cinco años, según la plataforma de propiedades Mitula.
Ibiza tiene la mayor densidad de alquileres en Airbnb, con un apartamento turístico por cada 30 residentes, apuntaban datos de la firma Airdna.
Los alquileres vacacionales sin licencia fueron prohibidos en la comunidad en 2012 con un Gobierno anterior, pero la aplicación de esa legislación fue prácticamente inexistente, según el Ejecutivo balear.
"Queremos que el turismo sea equilibrado y sostenible de manera que pueda seguir siendo la principal actividad económica durante muchos años más", dijo el consejero de Turismo, Gabriel Barceló, a Reuters.
La nueva legislación impone multas entre 20.000 y 40.000 euros para aquellos que ofrezcan a turistas apartamentos de alquiler vacacional sin licencia.
Los vecinos de las islas podrán informar de viviendas de alquiler sospechosas de ser ilegales a través de una página web, y las plataformas como Airbnb y Homeaway también podrían enfrentarse a multas de hasta 400.000 euros si promocionan apartamentos de alquiler sin licencia.
Las cuatro islas baleares tendrán un año para decidir si permiten que continúen los alquileres vacacionales, y dónde.
Airbnb dijo que las nuevas normas son complejas y confusas porque no diferencian entre familias locales que comparten su casa y operadores profesionales que hacen negocio con el alquiler. Añadió que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades locales para elaborar una legislación más clara.
"Trabajando juntos podemos ayudar a construir modelos de turismo sostenibles que beneficien a muchos, y no dejarlos en manos de unos pocos", dijo la compañía en un comunicado.
Barcelona también ha comenzado realizar controles a los alquileres vacacionales y pretende multar a Airbnb y Homeaway por promocionar los que no tengan licencia.