MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional decretó el lunes prisión provisional y sin fianza para los líderes de las dos principales asociaciones independentistas en Cataluña por un delito de presunta sedición durante protestas previas al referéndum del 1 de octubre, informó el tribunal.
La juez Carmen Lamela asumió la petición de la Fiscalía y envió a la cárcel de forma preventiva a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, tras su declaración el lunes en la Audiencia.
Ambos han estado liderando las plataformas sociales que han sacado a la calle a centenares de miles de personas en los últimos años y que presionaron para continuar adelante con el referéndum de independencia pese a haber sido suspendido por la Justicia a petición del Gobierno español.
Su envío a la cárcel llega en una jornada en la que la juez impuso medidas cautelares como la retirada del pasaporte y una citación quincenal ante los juzgados contra el jefe de la policía autónoma catalana, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana, a quienes decidió mantener en libertad en contra del criterio de la Fiscalía por el mismo delito de sedición.
En su auto, la magistrada hace responsables a Sánchez y Cuixart de alentar a través de las redes sociales y de forma presencial las tumultuosas concentraciones que el 20 y 21 de septiembre trataron de impedir los registros de varias sedes de la Generalitat y la detención de varios altos cargos.
Sánchez dijo en un comunicado de la ANC que la decisión pretendía "atemorizar y castigar" por defender la libertad y haber salido a la calle pacíficamente, y denunció que la decisión no respondía a ningún principio de justicia.
Tras una decisión que previsiblemente tendrá contestación en las calles de Cataluña, la ANC convocó concentraciones para el martes, incluida una "pacífica y democrática" por la tarde ante las sedes del Gobierno español en las capitales catalanas.
En una de las primeras reacciones al auto judicial, el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, afirmó que se trataba de una decisión "desproporcionada".