MADRID (Reuters) - La Audiencia de Barcelona condenó el lunes a dos antiguos directivos del Palau de la Música por el desfalco de la entidad cultural entre 1999 y 2009, en un auto que sentenció a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a devolver comisiones millonarias irregulares, según la sentencia.
Más de ocho años después del inicio de la investigación, la sentencia dictó nueve años y ocho meses de cárcel para el que fuera máximo responsable del Palau, Félix Millet, que durante el juicio admitió el desvío de fondos públicos para uso particular por 3,3 millones de euros. La sentencia final eleva el desfalco total a más de 23 millones de euros.
Para su número dos, Jordi Montull, la Audiencia fijó una pena de 7 años y 6 meses de cárcel, según el dictamen de uno de los principales casos de corrupción en Cataluña de los últimos años que investigaba, entre otros, delitos de malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El tribunal da por probado que el Palau fue la vía por la que la constructora Ferrovial (MC:FER) pagó comisiones a la formación nacionalista CDC, el hoy independentista PDeCat, a cambio de concesión de obra pública entre 1999 y 2009, algo negado tanto por el partido como por la empresa y sus dos directivos implicados.
"Una de las acciones a través de las cuales Millet y Montull buscaron y obtuvieron su enriquecimiento (...) fue su mediación para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual la sociedad Ferrovial-Agroman, mediante el pago de comisiones a la formación política CDC, obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública", según el texto judicial.
Según la sentencia, la cifra total de comisiones satisfechas por Ferrovial a CDC ascendió como mínimo a 6,6 millones de euros, cantidad que la formación política habrá de devolver.
Para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, único miembro del partido en el banquillo, la sentencia fijó cuatro años y cinco meses de cárcel por unas comisiones que plantean la financiación irregular del partido nacionalista hegemónico en Cataluña durante más de 20 años, que tiene abiertas otras investigaciones por adjudicación de obra pública en la región.
El caso supone un golpe a las arcas de la formación sucesora de CDC, cuyo presidente, Artur Mas, dimitió la semana pasada alegando entre sus motivos las causas judiciales que afronta el que fuera también jefe de la Generalitat entre 2010 y 2015.
"No esperábamos en absoluto esta dureza", dijo Mas a la Agencia Catalana de Noticias, defendiendo la "honorabilidad" del extesorero Osàcar.
La sentencia se hace pública en un momento delicado en el que el expresident catalán Carles Puigdemont, del PDeCat, está tratando de reeditar su mandato tras las elecciones del 21 de diciembre y pese a estar en Bélgica huido de la justicia española, que lo acusa de rebelión y sedición por la declaración de independencia de octubre.
El PDeCat se ha desvinculado de la gestión de los años en los que se realizaron los pagos del caso Palau, que corresponden a los últimos gobiernos de Jordi Pujol, que acabaron en 2010, y el lunes volvió a hacerlo en un comunicado en el que dijo respetar la presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme.
ABSUELTOS LOS DIRECTIVOS DE FERROVIAL
El auto establece que Ferrovial y CDC pactaron un 4 por ciento del importe del total de las adjudicaciones obtenidas y esta cantidad se repartiría entre CDC por un lado y Millet y Montull por otro, en un porcentaje de un 2,5 por ciento para el partido y un 1,5 por ciento para estos. A su vez, Millet y Montull se repartían el porcentaje que les correspondía en un 80 por ciento para el primero y un 20 por ciento para el segundo.
Sin embargo, la Audiencia absolvió al actual director de relaciones institucionales de Ferrovial, Juan Elizaga, al considerar prescritos los delitos, que también pesaban sobre otro exdirectivo de la constructora, Pedro Buenaventura, también absuelto.
La sentencia, que absuelve en total a cuatro de los acusados, pueden ser recurrida ante el Tribunal Supremo, algo que ya anunció que hará el abogado de CDC tras conocer el fallo.