Por David Shepardson
WASHINGTON, 29 mar (Reuters) - Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) extendieron el lunes hasta el 30 de junio una orden nacional para evitar que millones de inquilinos estadounidenses sean desalojados, cuando enfrentan las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19.
La moratoria de los CDC a la mayoría de los desalojos residenciales, que la agencia justificó citando la crisis de salud pública, expiraba el miércoles.
"Mantener a las personas en sus hogares y fuera de entornos abarrotados o congregados, como los refugios para personas sin hogar, al prevenir los desalojos es un paso clave para ayudar a detener la propagación del COVID-19", dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en un comunicado.
La orden fue emitida inicialmente por la agencia con sede en Atlanta en septiembre durante el gobierno del expresidente Donald Trump y se extendió el 29 de enero hasta fines de marzo, después de que el presidente Joe Biden asumió el cargo.
La Casa Blanca señaló que, en enero, uno de cada cinco inquilinos estadounidenses estaba atrasado con el alquiler. Los CDC dijeron que una encuesta realizada en marzo por la Oficina del Censo de Estados Unidos encontró que más de 4 millones de adultos que están atrasados en el pago de la renta temen un inminente de desalojo.
El Congreso de los Estados Unidos aprobó este mes otros 21.500 millones de dólares en ayuda de alquiler de emergencia, además de los 25.000 millones de dólares aprobados en diciembre.
La moratoria ha sido impugnada en los tribunales y dos jueces federales han fallado en su contra. El juez federal de distrito J. Philip Calabrese en Akron, en Ohio, dictaminó el 11 de marzo que la moratoria excedía la autoridad otorgada a los CDC por el Congreso, pero no llegó a emitir una orden judicial para bloquearla.
La orden se aplica a inquilinos individuales que no esperan ganar más de 99.000 dólares este año o 198.000 dólares para contribuyentes conjuntos. También se aplica a los inquilinos que no informaron ingresos en 2020 o recibieron un cheque de estímulo.
Los inquilinos deben presentar declaraciones juradas diciendo que el desalojo los dejaría sin hogar o los obligaría a vivir en un "entorno de vivienda compartida" y dar fe de que han hecho todo lo posible para obtener ayuda del gobierno para el alquiler o la vivienda.
(Reporte de David Shepardson. Editado en español por Janisse Huambachano)