Por Pete Sweeney
HONG KONG, 30 sep (Reuters Breakingviews) - La República Popular China cumple 70 años el martes. El Presidente Xi Jinping ha cerrado filas aplastando cualquier amago de resistencia. Sin embargo, su intimidación de los críticos internos se está convirtiendo en un riesgo para la estabilidad económica.
La China de 2019, con una economía de 14 billones de dólares, es muy diferente del empobrecido país que emergió de la guerra civil en 1949. El Partido Comunista Chino también ha cambiado. Se ha adaptado al comercio exterior y a la propiedad privada, ha permitido más libertades y ha promovido una generación de tecnócratas favorables al crecimiento para construir infraestructuras, escuelas y mercados financieros. Estos pragmáticos convencieron a los extranjeros para que invirtieran un total acumulado de 1,6 billones de dólares en un país todavía comunista, lo que ayudó a impulsar a las empresas nacionales en la cadena de valor.
Algunos dirigentes han demostrado ser demasiado pragmáticos, explotando sus cargos en beneficio propio. Cuando Xi Jinping tomó el poder en 2012, limpió la Administración, consolidando su poder personal en el camino. El economista Andy Xie estima que la corrupción estaba costando alrededor del 10% del PIB anual. Sin embargo, la purga de cientos de miles de funcionarios ha dejado cicatrices en el Estado.
Muchos burócratas locales son ahora tan reacios al riesgo que están obstaculizando los esfuerzos de estímulo en un momento en que el crecimiento se desacelera. Lo que es peor, los empleos en la Administración atraen más a los ideólogos que a los especialistas, debido en parte a que los salarios no se han ajustado después de que las gratificaciones ilícitas dejaron de engordar los sueldos. El éxodo de los reguladores financieros hacia el sector privado, por ejemplo, fue un factor en la respuesta fallida a la caída de la bolsa de valores de 2015. Cuando Estados Unidos puso en marcha las amenazas arancelarias, el Ministerio de Comercio admitió que se había quedado sin negociadores experimentados.
Xi ha dado prioridad a la lealtad, pero también ha tapado los oídos del Gobierno. Los reformistas que hablan con franqueza, como el ex ministro de Finanzas Lou Jiwei, han sido marginados; el Instituto de Economía Unirule, defensor de una economía de mercado, fue clausurado este año.
Este control más estricto amplía un preocupante vacío de información en Pekín y otras instancias. Muchos inversores chinos no tenían idea de por qué sus índices bursátiles sufrieron en reacción a los mensajes en Twitter del presidente Donald Trump sobre la guerra comercial. El propio liderazgo a menudo parece mal informado, sorprendido por la reacción adversa contra campañas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y por las protestas masivas en Hong Kong que están desestabilizando el único centro financiero en divisas del país.
Como resultado, los inversores, que alguna vez creyeron que los burócratas de Pekín eran socios comerciales racionales, están perdiendo confianza. El régimen puede pagar un alto precio.
(El autor es columnista de Reuters Breakingviews. Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad exclusiva de su autor)
(traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)