Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ (Reuters) - El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC afrontan desde el lunes el desafío de rescatar el acuerdo para acabar un conflicto armado de 52 años después de que los electores lo rechazaron en un plebiscito, un resultado sorpresa que sumió al país en la incertidumbre.
Pese a la amarga derrota, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", anunciaron que continuarán con sus esfuerzos para mantener silenciados los fusiles y evitar la reactivación de la confrontación que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
"No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato porque ese es el camino para dejarles un mejor país a nuestros hijos", dijo el mandatario al reconocer la derrota de la opción del "Sí" en el plebiscito.
"Las FARC-EP mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro", sostuvo por su parte Londoño.
Santos, un economista de 65 años, no estaba obligado a refrendar los acuerdos pero jugó su capital político para darle mayor legitimidad al pacto. Aunque dijo que no tenía plan B en caso de una derrota, ahora está obligado a buscar opciones en una Colombia dividida.
El presidente se reunirá con todos los partidos políticos para buscar una salida a la encrucijada en la que quedó con la derrota y enviará al jefe negociador, Humberto de la Calle, para hablar con los líderes de las FARC en Cuba.
El triunfo del "No", una campaña que lideró el expresidente Álvaro Uribe y que dejó en evidencia la renuencia de los colombianos a perdonar la historia de asesinatos, masacres y de ataques de la guerrilla, impide al presidente implementar el acuerdo de paz que firmó hace una semana con "Timochenko" con la comunidad internacional como testigo.
PACTO EN EL LIMBO
El acuerdo contemplaba que la guerrilla más antigua de América Latina dejaría las armas y se convertiría en un partido político y que sus máximos dirigentes tendrían restricción de la libertad hasta por ocho años si confesaban sus delitos y crímenes cometidos en medio del conflicto, pero no cárcel.
También incluía una instancia judicial especial para juzgar a los guerrilleros, subsidios para que se integraran a la sociedad y compensaciones a las víctimas del conflicto.
El analista de la privada Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila dijo que uno de los riesgos inmediatos es el control de los mandos medios y de los 7.000 combatientes de las FARC ante la incertidumbre generada por el rechazo al acuerdo de paz y la imposibilidad de tener una amnistía.
"El nerviosismo entre los guerrilleros es impresionante", sostuvo el experto, quien afirmó que pese a la escasa maniobrabilidad de la cúpula de la guerrilla, las FARC están más comprometidas con la paz que con una opción militar.
Santos dijo que el alto el fuego bilateral con la insurgencia se mantiene, calmando los temores de una reactivación de la confrontación en las selvas y montañas.
Entre las opciones que contemplan los expertos para rescatar el acuerdo están una renegociación con la guerrilla incorporando al Centro Democrático de Uribe, quien pide cárcel y que los jefes rebeldes no puedan optar a cargos de elección popular.
"Hacer una renegociación significa volver a abrirla indefinidamente", advirtió Ávila al recordar los cuatro años de difícil diálogo en La Habana.
También se plantea una Asamblea Nacional Constituyente y un gran pacto político considerado por el Gobierno y Uribe, quien con el resultado del plebiscito se anotó una victoria de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 2018.
El senador del Centro Democrático, Iván Duque, dijo que habrá diálogo de ese partido con otras fuerzas políticas y con el Gobierno para "corregir" errores del acuerdo de paz. "Es el momento de escuchar al país que pidió hacer correctivos".
La ONU, que tiene una misión de observadores en Colombia para supervisar la concentración de la guerrilla en áreas especiales y el abandono de las armas, confió en que se mantendrán los esfuerzos para alcanzar la paz.
El rechazo del acuerdo en el plebiscito podría retrasar los planes de Santos de presentar una reforma tributaria en el Congreso, para compensar una caída de los ingresos petroleros y mantener el grado de inversión de las agencia calificadoras.
También reduciría las posibilidades de un auge de la inversión extranjera en la minería, el petróleo y la agricultura en la cuarta mayor economía de América Latina.