BOGOTÁ (Reuters) - Colombia y España no logran ponerse de acuerdo sobre la propiedad de un galeón hundido en 1708 con un multimillonario tesoro en el mar Caribe, que fue hallado a finales de noviembre cerca de la colonial ciudad colombiana de Cartagena.
El San José, un buque de guerra del imperio español, se fue a pique por un cañonazo de piratas ingleses con un cargamento de oro, plata y esmeraldas que podría ascender a varios miles de millones de dólares, según cálculos de historiadores y expertos.
Desde hace años, una empresa buscadora de tesoros de Estados Unidos estaba a la caza de la embarcación, pero fue la Armada de Colombia y un grupo de expertos los que la ubicaron el 27 de noviembre frente las costas de Cartagena, en un proceso que desató litigios entre la compañía y el país latinoamericano.
España defiende la propiedad de la embarcación argumentando que es un buque de guerra con pabellón de Estado que cuenta con inmunidad soberana bajo la convención de Naciones Unidas de Derechos del Mar, que Colombia no integra.
Además, el Gobierno español asegura que se trata de una tumba marina en la que yacen los restos de 570 españoles, y que de acuerdo con otra convención de Naciones Unidas deben respetarse. Pero Colombia tampoco ha suscrito ese pacto.
"Hay discrepancias sobre el tema de la titularidad jurídica", dijo el sábado el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, al margen de una reunión de ministros iberoamericanos en Cartagena.
"Las dos partes hemos insistido que en este momento lo que se trata es de buscar fórmulas en que los dos países colaboremos en la conservación y la protección de un predio que es patrimonio de la humanidad en su totalidad", agregó.
Colombia argumenta que la embarcación le pertenece por encontrarse en su lecho marino, aunque está dispuesta a compartir el patrimonio arqueológico.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, aseguró que el país sudamericano tiene leyes propias para preservar el patrimonio cultural sumergido y que las diferencias por la embarcación no afectarán las relaciones con España.