MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional condenó el lunes a dos años de cárcel al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados por la filtración de la "operación Púnica", en la primera sentencia que se conoce de dicho caso que investiga una presunta trama de corrupción en instituciones locales y regionales del país.
El tribunal consideró que dicha filtración "produjo un intenso daño tanto a la causa pública como al esclarecimiento de los hechos y sus autores y permitió a los investigados la destrucción de pruebas y la ocultación de dinero".
La Audiencia condenó igualmente a dos años de cárcel al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y a un año y 6 meses de prisión al agente de este cuerpo en excedencia José Luis Caro Vinagre.
Los magistrados consideraron a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y a Talamino de uno de violación de secreto agravado.
Según la sentencia, el guardia civil Talamino alertó a Granados en septiembre de 2014 de que la UCO estaba investigando el supuesto pago de comisiones a cambio de contratos públicos, lo que llevó a la destrucción de documentación sobre la trama y a ocultar dinero.
"Los investigados cambiaron sus conductas al saberse seguidos, dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios. Además, se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas", dijo el tribunal.
Granados, que ocupó varios altos cargos en el Partido Popular y administraciones locales y regionales en Madrid, estuvo en prisión provisional desde octubre de 2014 a junio de 2017, cuando se le concedió la libertad provisional.
La trama "Púnica" estaba infiltrada en varios ayuntamientos principalmente de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia y firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales durante dos años, según la Fiscalía Anticorrupción.