Por Peter Granitz
ANSE-à-PITRE, Haití (Reuters) - Todas las mañanas, Gustavo Adolfo se despierta en un refugio para inmigrantes en Haití, atraviesa un campo de matorrales quemados donde los trabajadores elaboran carbón vegetal y cruza un río hacia República Dominicana, de donde se vio obligado a irse hace tres meses.
Adolfo y otros como él cruzan la frontera hacia República Dominicana bajo la amenaza constante de arresto o expulsión.
"Puedo ganar 200 pesos (4,5 dólares) al día trabajando en los campos allí", explica el hombre.
El mes pasado, República Dominicana inició la implementación de un controvertido programa para control de la inmigración, que apunta particularmente a haitianos y dominicanos hijos de padres haitianos.
Hasta ahora, el país ha deportado a 1.500 personas, a una tasa de 50 a 100 personas al día, según funcionarios con acceso a los registros oficiales de República Dominicana.
Miles más han salido de República Dominicana por miedo de ser arrestados o acosados, asustados por vecinos, jefes, compañeros de trabajo, por la policía y funcionarios de inmigración.
Según Amnistía Internacional, más de un 27 por ciento de quienes cruzan a Haití dicen que nacieron en República Dominicana.
Pero no cuentan con los papeles que prueben residencia o ciudadanía, y muchos son inmigrantes indocumentados que dicen que han vivido la mayor parte de su vida en el lado dominicano de la isla.
República Dominicana, que tiene una población de cerca de 10 millones de personas, se ha quejado por mucho tiempo de los inmigrantes ilegales haitianos, aun cuando tienen el beneficio de su mano de obra barata para la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico.
PERDIENDO LA ESPERANZA
La crisis migratoria viene desde 2013, cuando una modificación a la Constitución dominicana despojó de su ciudadanía a los niños hijos de inmigrantes sin documentos, en su mayoría haitianos, una normativa que fue aplicada retroactivamente hasta 1929.
Bajo una de las leyes, se pidió a todos los migrantes que solicitaran la residencia temporal antes del 17 de junio o de lo contrario serían deportados.
Funcionarios dominicanos indican que se rechazaron 78.000 de 289.000 solicitudes para residencia. No queda claro cuántos de quienes la pidieron podrían ser expulsados.
En el sur de Haití se han establecido cuatro asentamientos informales para personas afectadas por las deportaciones, albergando a entre 2.500 y 3.000 personas, según el Servicio Jesuita a Refugiados.
El mes pasado, el Gobierno haitiano había iniciado un programa de reubicación en uno de los campamentos, que terminó suspendido por falta de fondos.
Los residentes de los campos se quejan de la falta de servicios básicos y que reciben poca o nada de ayuda del Gobierno haitiano.
"Viene gente todo el tiempo y anotan nuestra información, ¡pero nunca nos dan nada! ¡Necesitamos comida!", exclamó Manuel Amadice, de 50 años y quien se encontraba extremadamente delgado.
Gustavo Gallón, funcionario de Derechos Humanos para Naciones Unidas en Haití, instó esta semana al Gobierno a instalar servicios sanitarios y a llevar agua potable a los campamentos.
"Las condiciones son horribles allí, yo no sé cómo la gente puede vivir", declaró.
El Coordinador Humanitario de la ONU en Haití quiere conseguir 6.900 millones de dólares en asistencia de emergencia para el país pero no queda claro cuánto de esos fondos se destinaría a mejorar las condiciones de los campamentos de migrantes.
(Editado en español por Janisse Huambachano/Marion Giraldo)