BUENOS AIRES, 21 mayo (Reuters) - Tres días después de sacudir el escenario político de Argentina con el anuncio de que será candidata a vicepresidenta en los comicios de octubre, la exmandataria peronista Cristina Fernández de Kirchner se sentó el martes por primera vez en el banquillo de los acusados en un juicio oral por corrupción.
El resonante proceso, que se suma a otras causas judiciales por irregularidades durante sus dos presidencias (2007-2015), podría afectar las chances electorales de la líder de centroizquierda, que cuenta con un amplio respaldo popular aunque también sufre un fuerte rechazo por su estilo verticalista.
La expresidenta encabezaba los sondeos sobre intención de voto hasta el sábado, cuando anunció que secundará a su exjefe de Gabinete Alberto Fernández -con el que no tiene parentesco- en la fórmula presidencial, en un intento por atraer a otras facciones del peronismo, actualmente fragmentado.
"Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este Gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial", dijo el martes en su cuenta de Twitter Cristina Fernández, que fue recibida por simpatizantes a la entrada del tribunal.
En medio de una crisis económica que derrumbó la imagen del presidente de centroderecha Mauricio Macri -el principal rival de los Fernández-, los analistas aún no saben con claridad cómo se modificarán las probabilidades de cada uno con el anuncio de la fórmula presidencial del sábado y con el incipiente juicio.
De ser hallada culpable de liderar una asociación ilícita que defraudó en millones al Estado al adjudicar obras de infraestructura con sobreprecios durante su gestión, Fernández de Kirchner podría recibir una condena de hasta 10 años. Se espera que el juicio se prolongue al menos por un año.
Sin embargo, la actual senadora sumaría fueros como vicepresidenta en caso de que su facción del peronismo se imponga en los comicios generales, lo que obligaría a someterla a un intrincado juicio político -además del proceso judicial- para que finalmente fuera a prisión.
Los fiscales sospechan que una organización liderada por Cristina Fernández recibía dinero de empresas como Austral Construcciones a cambio de la adjudicación de obras por las que el Estado pagaba una cifra mayor que el costo real de los trabajos.
Junto con la expresidenta serán juzgados el poderoso exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios de la Nación y de la provincia patagónica de Santa Cruz, donde se adjudicaron las obras bajo sospecha.
(Reporte de Nicolás Misculin/Editado por Gabriel Burin)