MADRID (Reuters) - El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dimitió el martes, cediendo a la presión de una inminente moción de censura y tras conocerse los motivos por los que la Audiencia Nacional pidió acusarle de tres delitos de corrupción, en un caso que ha puesto en jaque al Partido Popular.
Después de semanas resistiéndose a abandonar el cargo y defendiendo su inocencia de delitos como fraude y cohecho, Sánchez anunció su marcha "por responsabilidad" para evitar que la formación conservadora en la que milita pierda el Gobierno de una región de la que está al frente desde hace décadas.
"Espero que (mi dimisión) sirva para salvar a la región de Murcia del tripartito y que evite que los murcianos sufran las nefastas consecuencias de un tripartito que no quieren la inmensa mayoría de los murcianos", dijo Sánchez en rueda de prensa en relación a un acuerdo entre las tres fuerzas principales de la oposición.
La decisión llega tras resquebrajarse el sólido respaldo que le había dado el PP en las últimas semanas ante la inminencia de una moción de censura del Partido Socialista con el apoyo de Podemos y a la que amenazaba con sumarse Ciudadanos, socio del PP en la región que exigía la marcha de Sánchez.
"Ahora le toca al PP poner encima de la mesa el nombre de un candidato limpio de corrupción para Murcia", dijo el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
El PP mostró su respaldo a Sánchez, que seguirá como presidente del partido en la región y mantendrá su acta de diputado, y propuso como su sustituto al coordinador Fernando López Miras, de 33 años, lo que previsiblemente desactivará la moción de censura.
"No es justo lo que está ocurriendo, pero mirad a 2019 para ganar a los justicieros en las urnas", dijo el vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, en Murcia.
PRESIÓN JUDICIAL Y POLÍTICA
La presión sobre Sánchez creció al conocerse el lunes los argumentos del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para pedir al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, aforado regional, que imputara a Sánchez por fraude, cohecho y revelación de información reservada.
Según la exposición del magistrado, Sánchez pretendió pagar con fondos públicos una campaña para mejorar su reputación en las redes sociales de cara a las elecciones de 2015 a raíz de vinculársele con casos de corrupción urbanística.
En caso de acusársele formalmente, el caso se sumaría a otro que ya le investiga por fraude y malversación de caudales públicos, entre otros delitos, dentro de un caso separado en torno a la construcción de un auditorio
Una exitosa moción de censura hubiera sido un revés para el Partido Popular, que hoy gobierna en minoría en España y sólo conserva cinco ejecutivos regionales tras reiterados casos de corrupción conocidos mientras los ciudadanos sufrían los peores recortes económicos en décadas.