Por John Kruzel y Andrew Chung
WASHINGTON, 1 mar (Reuters) - El escepticismo expresado por los jueces conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos ante la iniciativa del presidente Joe Biden de condonar 430.000 millones de dólares de la deuda estudiantil no sólo arroja dudas sobre el destino del plan, sino que también augura problemas en el uso del poder ejecutivo para lograr avances en lo que le queda de mandato.
Las preguntas formuladas por los jueces conservadores durante los alegatos del martes sobre la condonación de la deuda de Biden indicaron que el tribunal de mayoría conservadora podría anular el plan por considerarlo una extralimitación ilegal del poder ejecutivo.
Los jueces conservadores podrían aplicar el exigente criterio jurídico que han utilizado para anular anteriores medidas políticas de Biden, un criterio que podría impedirle emplear el poder ejecutivo para promulgar otros puntos de su agenda, incluso mientras se enfrenta a un Congreso dividido que probablemente no apruebe la legislación que desea.
Los republicanos controlan la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas, compañeros de Biden, controlan el Senado.
"Estoy seguro de que estamos en el lado correcto de la ley. No confío en el resultado de la decisión", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles.
El tribunal debe pronunciarse a finales de junio sobre la legalidad de la condonación de la deuda, que la administración argumentó que era legal en virtud de la autoridad otorgada al poder ejecutivo por la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes, o Ley HEROES.
Esa ley de 2003 autoriza al secretario de Educación de Estados Unidos a "renunciar o modificar" la ayuda financiera a los estudiantes durante guerras o emergencias nacionales, en este caso la pandemia de COVID-19.
"Si (el tribunal) indica que no cree que la autoridad de la Ley HEROES se extienda a la condonación de préstamos en este contexto, esto sería una señal de que el tribunal tiene la intención de limitar las futuras aplicaciones de la interpretación agresiva de la ley por parte de la administración Biden o sucesores", dijo Andrew Rudalevige, profesor de Gobierno en Bowdoin College en Maine.
Este resultado, añadió Rudalevige, podría tener graves consecuencias para la gobernanza básica en Washington.
"Si el Congreso no puede o no quiere dar un paso al frente, y el Tribunal no permite que los presidentes lo hagan, ¿qué nos queda? El Gobierno de cinco jueces tampoco parece un buen Gobierno", dijo Rudalevige, refiriéndose al número de votos necesarios para ganar un caso en el Tribunal Supremo.
Presidentes de ambos partidos han recurrido a órdenes ejecutivas y otras medidas unilaterales cuando el Congreso no ha actuado como esperaban.
UNA BUENA LECCIÓN
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo durante los argumentos del martes que las políticas que implican mucho dinero y generan mucha controversia política podrían ser "algo para que el Congreso actúe".
"Y si no han actuado al respecto, entonces tal vez esa sea una buena lección para decir al presidente o a la burocracia administrativa que tal vez eso no es algo que deban emprender por su cuenta", dijo Roberts.
El plan de Biden, anunciado el pasado agosto, condonaría hasta 10.000 dólares de la deuda estudiantil federal a los estadounidenses que ganen menos de 125.000 dólares y hayan solicitado préstamos para pagar la universidad y otros estudios postsecundarios, y 20.000 dólares a los beneficiarios de becas Pell concedidas a estudiantes de familias con rentas bajas.
"El programa refleja sin duda la frustración de los demócratas por ser incapaces de hacerlo legislativamente, y las impugnaciones (legales) reflejan el deseo de los republicanos de desafiar a los demócratas en todo momento", David Lublin, profesor de Gobierno en la American University de Washington. "Estamos en tiempos muy polarizados"
Lublin dijo que el impacto en la futura agenda de Biden dependerá de cómo explique el tribunal cuándo la administración de un presidente excede su autoridad bajo un estatuto federal o la Constitución de Estados Unidos.
El juez liberal Ketanji Brown Jackson, designado por Biden, destacó el martes una preocupación "general" sobre el hecho de que el tribunal facilite demasiado a la gente demandar para detener las políticas gubernamentales que no les gustan.
"Me preocupa que vayamos a tener un problema en cuanto a la capacidad de funcionamiento del Gobierno federal", dijo Jackson.
(Información de John Kruzel y Andrew Chung en Washington; Información adicional de Steve Holland; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)