TEGUCIGALPA, 21 dic (Reuters) - El Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó el jueves a 14 funcionarios, fiscales y jueces de países de Centroamérica a una lista negra que los señala por actos antidemocráticos y de corrupción, y en la que se incluyó a un ministro hondureño y a defensores públicos guatemaltecos.
Estados Unidos incorpora periódicamente a la llamada lista Engel a ciudadanos extranjeros que considera han participado en acciones que minan la democracia, son sospechosos de casos graves de corrupción u obstruyen investigaciones de la justicia.
En la última actualización a diciembre, el Departamento de Estado incorporó a cuatro nicaragüenses, cuatro guatemaltecos, tres salvadoreños y tres hondureños, entre ellos al ministro de Planificación Estratégica de Honduras, Ricardo Salgado, junto con tres fiscales y una exmagistrada de la Corte Suprema de Guatemala.
Salgado, miembro del gabinete de la presidenta izquierdista de Honduras, Xiomara Castro, fue señalado por Washington por supuestamente "dirigir los esfuerzos coordinados" por el partido en el poder "para reprimir la disidencia, intimidando violentamente a legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre".
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, rechazó el señalamiento en redes sociales calificándolo como una "medida unilateral contraria al derecho internacional" y en el caso del ministro de Planificación Estratégica consideró que se trataba de un "absurdo".
En el incidente en el Congreso de Honduras, un grupo de diputados de oposición que se encontraba fuera demandando ingresar fue atacado por miembros del gobernante Partido Libertad y Refundación Libre. Un legislador resultó con lesiones en el cráneo.
En el caso de Guatemala, Estados Unidos señaló a la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, junto con su colega Pedro Hernández, por socavar procesos democráticos al liderar una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales que dieron el triunfo al candidato presidencial Bernardo Arévalo.
Y en El Salvador fueron añadidos a la lista tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública por bloquear deliberada e injustamente acceso a información pública, de acuerdo al Gobierno estadounidense.
Washington sumó además a la lista negra a la jueza Gloria Saavedra de Nicaragua por considerar que minó la democracia al "facilitar a sabiendas una campaña coordinada para reprimir la disidencia", confiscando propiedades de la Universidad Centroamericana Jesuita. También fueron incorporadas al listado autoridades del sistema de universidades nicaragüense.
(Reporte de Gustavo Palencia, editado por Marion Giraldo)