MADRID (Reuters) - El Gobierno español sufrió el jueves una derrota histórica al rechazar el Congreso de los Diputados un real decreto ley sobre la liberalización del sector de la estiba, un revés que constata la debilidad del Ejecutivo en minoría del Partido Popular y conlleva una multa millonaria de Bruselas.
Tras días de negociaciones políticas y reuniones entre patronal y sindicatos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no logró finalmente los apoyos parlamentarios para sacar adelante una iniciativa que cumplía una sentencia de la Unión Europea sobre un sector clave para las exportaciones en España.
"El daño no es sólo para nosotros, es para todos los españoles que son los que van a tener que pagar la multa", dijo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la cámara baja.
Con el rechazo del real decreto ley, el primero tumbado en el Congreso en décadas, España tendrá que pagar una penalización de 134.000 euros diarios a partir del 24 de marzo, que se suman a la multa de 21 millones de euros acumulados por incumplimiento de una directiva europea de 2014.
Los estibadores rechazan el proyecto que liberalizaría el sector porque estiman que supondría el reemplazo de los 6.155 trabajadores actuales en 46 puertos del país por nuevos empleados con condiciones más precarias.
Frente a ellos, el lobby PIPE (Plataforma de Inversores de Puertos Españoles) considera que la reforma permitiría aumentar la competitividad de los puertos, elevar el tráfico de mercancías un 5 por ciento y crear 18.000 nuevos empleos.
Según PriceWaterhouseCooper, la regulación actual impide a las compañías portuarias contratar a su propio personal, al verse obligadas a recurrir a las sociedades de gestión de estibadores, cuyos asociados cuentan con un salario medio de 70.000 euros al año.
En un intento a contrarreloj por alcanzar un acuerdo entre patronal y sindicatos antes de la votación en el Congreso, el Gobierno se sumó el miércoles a la negociación con una oferta rechazada por los estibadores que incluía el compromiso de mantenimiento de empleo y la posibilidad de jubilación a partir de los 55 años con un 70 por ciento del sueldo.
"Ese punto de las prejubilaciones, que junto con el de la garantía del empleo es el más conflictivo, sólo afectaría a 100 trabajadores", dijo a Reuters Ernesto Gómez, de CCOO.
PERJUICIO A LA ECONOMÍA
Tras el revés parlamentario, los estibadores desconvocaron los paros que tenían previstos en los próximos días en los puertos españoles, por los que pasan un 65 por ciento de las exportaciones y un 85 por ciento de las importaciones en España.
"Tenemos la firme voluntad de seguir negociando ahora que el real decreto que impedía una negociación real se ha derogado", dijo el representante de CCOO.
Los paros en los puertos afectan directamente al estratégico sector exportador -desde verdura a automóviles-, que representa casi un 30 por ciento del Producto Interior Bruto, y según el mimistro han hecho un "daño no menor" a la economía del país.
De la Serna culpó a los grupos parlamentarios del "bucle endiablado" que ha impedido avances en la negociación entre patronal y sindicatos, al verse respaldadas las posiciones de los estibadores por la seguridad de que el real decreto ley iba a frenarse en el fragmentado Parlamento.
Enfrente, los partidos de la oposición defendieron a los estibadores, rechazando la falta de diálogo por parte del Gobierno y su "injerencia" para beneficiar supuestamente a las empresas que operan en los puertos en detrimento de los trabajadores.
"El interés por ser capataces de la oligarquía está poniendo en juego la economía de este país", dijo el representante de Unidos Podemos, Fèlix Alonso, en el Congreso, desde cuya tribuna de invitados siguieron el pleno estibadores de toda España.
Varios grupos parlamentarios instaron al Gobierno a volver a la mesa de negociación y tramitar la iniciativa como proyecto de ley para introducir enmiendas, después de la derogación del proyecto con 175 votos en contra y 142 a favor (Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco). Un total de 33 diputados se abstuvieron, entre ellos los 32 de Ciudadanos, partido que apoya al PP en el Gobierno.
"Nos han intentado hacer responsables de una multa que no es nuestra. Pedimos a todos que se pongan a trabajar, el acuerdo es posible", dijo el diputado socialista César Joaquín Ramos, cuyo grupo votó en contra.