MADRID (Reuters) - El Tribunal Constitucional acordó el jueves por primera vez imponer multas coercitivas a dos cargos de la Generalitat y a una veintena de miembros de la junta electoral creada para el seguimiento del referéndum de independencia de Cataluña, según una nota judicial.
Los magistrados del alto tribunal, que a principios de septiembre paralizaron la convocatoria de la consulta a petición del Gobierno español, decidieron por unanimidad imponer sanciones de 12.000 euros diarios a siete miembros de la llamada sindicatura electoral catalana.
Además, aprobaron la misma multa para el secretario general de Economía de la Generalitat, Josep María Jové, detenido el miércoles por la Guardia Civil, y de 6.000 euros por día para la responsable de procesos electorales, Montserrat Vidal i Roca, por participar en los preparativos del 1-O pese a su suspensión judicial.
El pleno destacó que la sindicatura "ocupa una posición central en la celebración del referéndum al tener asignados cometidos cruciales para que pueda llevarse a cabo", al tiempo que dice que sin la concurrencia de Jové y Vidal "las resoluciones de este tribunal no se hubieran podido incumplir".
En concreto, el tribunal cita que aprobaron los modelos de papeletas y la documentación electoral, la campaña institucional sobre el referéndum o un manual de instrucciones para los representantes de la Administración y miembros de las mesas electorales.
Para los quince miembros provinciales de la sindicatura, creada por el Parlament de Cataluña este mes, el TC impone multa de 6.000 euros diarios.
Se trata de la primera vez que el Tribunal Constitucional hace uso de su capacidad de imponer sanciones para obligar a hacer cumplir sus fallos, una facultad de la que le dotó el Gobierno del PP en la pasada legislatura gracias a su mayoría absoluta.
En un ambiente de creciente tensión y enfrentamiento institucional, los jueces dan a los cargos hasta el sábado para renunciar a sus puestos y evitar así las multas, y de lo contrario apelan a la Agencia Tributaria para que tome las medidas necesarias para hacer efectivos los pagos.
Mientras el Gobierno central dice que las actuaciones policiales y judiciales de esta semana habrían asestado el golpe de gracia a la organización de la consulta, las autoridades catalanas siguen decididas a preguntar a la ciudadanía sobre su relación con España pese a reconocer que las operaciones de los últimos días "alteraban" los planes.