MADRID (Reuters) - El Defensor del Pueblo advirtió el lunes del enorme coste social que ha tenido la crisis económica en España y pidió un cambio en las políticas redistributivas para reparar el "pozo de desigualdad sin precedentes" originado en su opinión por las políticas de austeridad.
"El péndulo de la política económica tiene que girar (...) Es un error suponer que, cuando se salga de la crisis, se reducirá por si sola la desigualdad. No. Esta lacra solo podría corregirse si se lleva a cabo una importante política activa de redistribución de rentas", dijo la institución en su informe anual de 2017.
Según el organismo, un cambio en las políticas sociales mejoraría la renta y el consumo de los colectivos más desfavorecidos, como jubilados, personas dependientes, parados de larga duración, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo y trabajadores pobres.
"Ahora que la economía se encuentra en un claro proceso de recuperación, se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales", dijo el Defensor del Pueblo en funciones, el economista Francisco Fernández Marugán.
Las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo se dispararon en 2017 alrededor de un 50 por ciento con respecto al año anterior, hasta alcanzar casi las 25.000, ante el creciente malestar por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales.
Según el análisis realizado por el organismo, los gastos en vivienda, salud y educación sumaban conjuntamente el 12,7 por ciento del PIB en 2009, pero en 2016 representaban el 10,5 por ciento del PIB.
En un momento en el que el Gobierno se enfrenta a crecientes presiones de la calle y la oposición por la mínima subida de las pensiones un 0,25 por ciento, Fernández Marugán dijo que los españoles le habían trasladado su "insatisfacción en los años duros de la crisis, pero también en la recuperación".
El Defensor del Pueblo alertó del riesgo de un incremento del malestar social y pidió que las cuestiones relacionadas con la redistribución pasen a primer plano en la agenda de los poderes públicos.
"Nos estamos separando de la senda convergente sostenida, no sin esfuerzo, desde los inicios de la democracia", advirtió en el texto, entregado el lunes a los presidentes de Congreso y Senado.