MADRID (Reuters) - La coalición gobernante en Cataluña, Junts pel Sí (JxSí), pidió el lunes a la mesa del Parlament que presente acciones judiciales en las vías "administrativa, civil y penal" contra la decisión del Consejo de Ministros de activar la intervención de la comunicad autónoma.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió el sábado autorización al Senado para una aplicación rigurosa del artículo 155 de la Constitución previsto para el supuesto de que una comunidad no cumpla sus obligaciones o las leyes y dijo que destituirá al Ejecutivo regional, intervendrá el Parlament y convocará elecciones regionales antes de seis meses.
El portavoz adjunto del grupo, Lluís Corominas, instó a la cámara regional a defenderse de "una agresión sin precedentes por parte del Estado español" y calificó la aplicación del artículo 155 de "violencia institucional".
Corominas dijo que los recursos deberían dirigirse a todas las instancias posibles (catalana, española o europea) y acusó al Gobierno central de actuar "como una dictadura".
DE TRIBUNAL EN TRIBUNAL
Las pretensiones de recursos por parte de los gobernantes catalanes se producen después de que el principal argumento del gabinete de Rajoy haya sido el incumplimiento "sistemático" del orden legal y constitucional por parte de la Generalitat.
El Tribunal Constitucional ha tumbado diversas pretensiones secesionistas, declarando entre otras cosas nula la ley catalana para celebrar un referéndum de independencia, aprobada en el Parlament a principios de septiembre.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga posibles causas de inhabilitación contra el presidente regional, Carles Puigdemont, y los miembros de su gobierno.
En una de las derivas más polémicas y generadoras de tensión, la Audiencia Nacional dictó la semana pasada el ingreso en prisión sin fianza de los dos líderes de organizaciones sociales independentistas acusados de decisión, que tuvo una masiva respuesta en forma de manifestación el sábado en Barcelona.
En la misma causa, el alto tribunal también retiró el pasaporte al responsable de la policía autónoma, Josep Lluís Trapero, y a su intendente, obligándoles a comparecer cada dos semanas ante el juzgado.
En el hipotético caso de que el jueves el Parlament catalán debata y vote una declaración unilateral de independencia antes de que el Senado vote la aplicación del 155, la Fiscalía actuaría de nuevo, pudiendo llegar a pedir cárcel para Puigdemont.