Por Inmaculada Sanz y Sonya Dowsett
BARCELONA/MADRID (Reuters) - El Gobierno catalán anunció el viernes que pretende celebrar un referéndum unilateral de independencia en la región el próximo 1 de octubre, una consulta que el Ejecutivo español insistió que frenará con todos los medios a su alcance.
Además de la fecha, el consejo de gobierno catalán reunido expresamente en el Palacio de la Generalitat aprobó la pregunta que planea hacer a los 5,5 millones de catalanes con derecho a voto: "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?".
"El referéndum se celebrará el 1 de octubre de este año", dijo el presidente catalán, Carles Puigdemont, junto a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y casi la totalidad de su gobierno en el Patio de los Naranjos del complejo de la Generalitat.
Una vez que se firme el decreto de convocatoria, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy activará de nuevo la maquinaria judicial para frenar una consulta que, según los sondeos, quieren la mayoría de los catalanes y que ha levantado ampollas en los últimos dos años entre catalanes y españoles.
"Ese referéndum no se va a celebrar porque es ilegal. Cualquier actuación que pase de anuncios a hechos será recurrida", dijo el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
No está claro qué ocurrirá entonces, pero un documento del Govern publicado el mes pasado por El País recogía que en caso de que el Ejecutivo español impugne la consulta ante al Tribunal Constitucional, el Parlamento catalán, de mayoría secesionista, aprobaría una ley exprés de transitoriedad jurídica para activar un proceso que culmine en dos meses con la declaración de la república catalana.
"Siempre hemos presentado propuestas muy diversas, y todas ellas han sido rechazadas sin excepción o han sido recortadas gravemente", dijo Puigdemont en su declaración. "Todo el mundo sabe cuál es el problema real, porque el propio Gobierno español y su presidente lo han dicho: 'No quiero'".
Pese a plantear una "operación diálogo" con Cataluña en su segunda legislatura tras años frenando en los tribunales las iniciativas independentistas, el Gobierno español alega motivos constitucionales para rechazar una negociación que permita a los catalanes acudir a las urnas, algo que ya hicieron de forma simbólica el 9 de noviembre de 2014.
El Gobierno español volvió a invitar el viernes a Puigdemont a defender su plan independentista en el Congreso de los Diputados y abrir así una vía legal para una eventual cambio de la Constitución que permita un referéndum, algo rechazado por el dirigente nacionalista a no ser que tenga el "sí" a la celebración pactado previamente.
EL GOBIERNO LLAMA AL DIÁLOGO
Cataluña, que representa una quinta parte de la economía española, alberga un nutrido movimiento independentista que creció durante los años de crisis económica, principalmente al sentir la ciudadanía que aportaba al Estado español más de lo que recibía a cambio.
"Nos están robando la cartera desde 300 años. Es como si vas al metro y te roban el bolso para repartirlo entre los otros. Ya no quiero que me roban más el bolso", dijo a Reuters Bernardo Hernández, empresario de 68 años de origen andaluz y manchego que votaría "sí" en una consulta.
Pese al deseo de expresar su opinión en las urnas, el apoyo a la independencia de Cataluña se ha erosionado en los últimos meses, rechazándola un 48,5 por ciento de la ciudadanía catalana, según un sondeo oficial de la Generalitat publicado en marzo, frente a un 45,1 por ciento que eran contrarios tres meses antes.
"Yo estoy a favor del derecho a la consulta, pero nadie me ha explicado hasta ahora el beneficio de tener la independencia", dijo a Reuters Antonio Piera, en una parada de autobús del centro de Barcelona.
Según una fuente gubernamental, es previsible que de verse cercados por el Constitucional, que tiene potestad para inhabilitar a los dirigentes catalanes y penalizar a los funcionarios que instalen las urnas, el Gobierno regional convoque unas elecciones anticipadas al final del año.
"El Gobierno quiere recordar a Puigdemont su obligación de cumplir la ley, de proteger los derechos de todos los ciudadanos catalanes y preservar la neutralidad de los funcionarios", dijo Méndez de Vigo, acusando al Ejecutivo catalán de "radicalización".