ROMA, 29 dic (Reuters) - El Gobierno derechista de Italia ha aprobado medidas para multar a las organizaciones de ayuda humanitaria que rescaten migrantes en el mar e incautar sus barcos si incumplen un nuevo conjunto de normas más estrictas, una medida que, según un grupo de activistas, podría poner en peligro vidas humanas.
Un decreto ministerial aprobado a última hora del miércoles, al que tuvo acceso Reuters, dice que estos barcos deben solicitar un puerto y navegar hacia él "sin demora" después de un rescate, en lugar de permanecer en el mar en busca de otras embarcaciones de migrantes en apuros.
En la actualidad, las misiones en el Mediterráneo central de las organizaciones humanitarias, u organizaciones no gubernamentales (ONG), suelen durar varios días, en los que los barcos de rescate completan diferentes operaciones y a menudo llevan a bordo a cientos de personas.
Los barcos de las ONG también deben informar a las personas a bordo de que pueden solicitar protección internacional en cualquier lugar de la Unión Europea, según el decreto.
Los capitanes que incumplan estas normas se arriesgan a multas de hasta 50.000 euros (53.175 dólares), y las infracciones reiteradas pueden dar lugar al embargo de la embarcación, añade el texto.
Desde su toma de posesión en octubre, el Gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha puesto en el punto de mira las actividades de las ONG de salvamento marítimo, acusándolas de facilitar el trabajo de los traficantes de personas en pleno aumento de las llegadas.
Las organizaciones de rescate rechazan las acusaciones.
Riccardo Gatti, responsable de un barco de salvamento gestionado por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, declaró el jueves al diario la Repubblica que el decreto forma parte de una estrategia que "aumenta el riesgo de muerte de miles de personas".
Las normas que dificultan los rescates múltiples pueden incumplir las convenciones internacionales y son "éticamente inaceptables", afirmó.
Unos 102.000 migrantes han desembarcado en Italia en lo que va de 2022, según datos del Ministerio del Interior del país, frente a unos 66.500 en el mismo periodo del año pasado, 34.000 en 2021 y un pico de más de 181.000 en 2016.
(Información adicional de Alvise Armellini y Gavin Jones,; edición de Gavin Jones y Andrew Heavens; editado en español por Darío Fernández)