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El Gobierno recurre judicialmente la nueva oficina antifraude de Madrid

Publicado 09.03.2017, 09:46
Actualizado 09.03.2017, 09:50
© Reuters. El Gobierno recurre judicialmente la nueva oficina antifraude de Madrid

MADRID (Reuters) - El Gobierno español dijo el jueves que recurrirá ante los tribunales la creación de una oficina antifraude por parte del Ayuntamiento de Madrid, al considerar que vulnera varias leyes al duplicar funciones y competencias de otros organismos e instituciones.

"La creación de esta Oficina, según informe de la Abogacía del Estado, vulneraría 10 artículos de 6 leyes, así como otros 5 de la Constitución Española", dijo la Delegación del Gobierno de Madrid en una nota de prensa.

El Ayuntamiento de Madrid, regido por la plataforma Ahora Madrid - en la que participa Podemos- con apoyo del PSOE, aprobó a finales del año pasado el reglamento de la nueva oficina, que busca "prevenir e investigar los casos concretos de uso o destino ilícitos de fondos públicos", según el borrador publicado en el sitio web del consistorio madrileño.

Los diferentes escándalos de corrupción - que han salpicado a varios partidos políticos - han azotado España en los últimos años de recuperación económica tras una dura crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria 2008.

© Reuters. El Gobierno recurre judicialmente la nueva oficina antifraude de Madrid

En su nota del jueves, la Delegación del Gobierno dijo que el reglamento atribuye unas funciones de inspección a la oficina que afectan a otros órganos competentes, como la Intervención General o la Inspección General de Servicios.

"Estaríamos ante un órgano que duplicaría las funciones de los órganos de control legalmente previstos y que además invadiría el ámbito competencial de éstos", dijo la delegación.

El Ejecutivo, que realizará su recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, añadió que la oficina también podría invadir la competencia de los órganos encargados de investigar una responsabilidad penal, como los jueces, los fiscales o la policía judicial.

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