Por Tomás Cobos
MADRID (Reuters) - El Gobierno de Mariano Rajoy incluirá en los presupuestos de este año un acuerdo con los sindicatos para reducir la temporalidad en el empleo público, al tiempo que plantea a los representantes de los trabajadores una subida salarial del 1 por ciento en las Administraciones Públicas.
Estas medidas se incluirán en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017 que aprobará el viernes el Consejo de Ministros y para los que el Ejecutivo en minoría está buscando todavía apoyos entre otras formaciones políticas en el Congreso.
El pacto para reducir la precariedad en las Administraciones Públicas, calificado de "histórico" por el sindicato UGT, afectará a 350.000 trabajadores, aunque esta cifra no supone creación de empleo neta sino una conversión de empleos temporales en estables.
"El plan estabilizará a personal temporal: interinos, eventuales, estatutarios y personal del sector público empresarial", dijo UGT, que junto con CCOO y el sindicato de empleados públicos CSIF serán las tres fuerzas sindicales que sellarán el acuerdo con el Ministerio de Hacienda.
En CCOO rebajan el impacto del plan, señalando que podría afectar a una "horquilla entre las 270.000 y las 300.000 plazas ocupadas, en la actualidad, por personas con contrato interino o temporal"
El Ejecutivo se había comprometido a presentar este año la mayor oferta de empleo público desde antes de la crisis si conseguía aprobar las nuevas cuentas para 2017, tras haber adelgazado el número de funcionarios al limitar la tasa de reposición para reducir el déficit público durante los años de crisis.
"El acuerdo (...) pone orden a la caótica situación provocada por años de recortes", dijo UGT.
Entre todas las administraciones - Central, Autonómica y Local -, los efectivos públicos en España rondan los 2,52 millones de personas.
SUBIDA DEL UNO POR CIENTO SIN ACUERDO
A diferencia de la oferta de empleo público, en la intención del Gobierno de subir los salarios a los funcionarios un 1 por ciento el consenso con los sindicatos está mucho más complicado, según fuentes sindicales.
Este mismo miércoles se reunirá para abordar el tema la Mesa General de la Negociación de las Administraciones Públicas, donde según una fuente sindical "difícilmente habrá acuerdo", tras lo cual el Ejecutivo previsiblemente incluirá la medida en las cuentas que aprobará el viernes.
A partir de entonces el alza salarial tendrá que tramitarse en el Congreso de los Diputados junto con el resto de los PGE, que, de lograr un apoyo mayoritario en la Cámara Baja en unas votaciones que se prevén muy ajustadas, no entraría en vigor hasta al menos finales de junio.
En un contexto preelectoral y después de seis años de congelación y recortes, el Gobierno de Rajoy decidió aplicar en los presupuestos de 2016 una subida salarial del uno por ciento para los funcionarios, uno de los colectivos más castigados por los recortes de gasto público durante la crisis.