MADRID (Reuters) - El juez de la Audiencia Nacional que investiga la supuesta trama de corrupción "Púnica" ha encausado en una nueva pieza del caso al presidente de Murcia y líder del Partido Popular en la región, Pedro Antonio Sánchez, y otras 22 personas, según un auto conocido el lunes.
El magistrado Eloy Velasco investigará si Sánchez, entonces consejero de Educación de la región, se habría puesto de acuerdo con un empresario para amañar contratos de formación con la presunta finalidad de mejorar su reputación en Internet y redes sociales de cara a presentar su candidatura a la presidencia de Murcia.
"(Los trabajos) serían facturados bajo conceptos relacionados con la formación", señala el auto, que añade que no se llegaron a cobrar "al explotar la operación policial y judicial" en el año 2014.
La nueva pieza tratará de aclarar si Sánchez cometió delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, según el auto judicial.
Entre los investigados también se encuentra la actual senadora del PP por Murcia y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro quien supuestamente habría pagado con fondos públicos la creación de un diario digital con informaciones positivas sobre ella.
Tanto Barreiro como Sánchez son aforados por sus cargos de senadora y presidente de Murcia, respectivamente, por lo que solo el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia pueden enjuiciarles. Por ello, el juez Velasco ya ha iniciado trámites para elevar el caso a los respectivos tribunales, según el auto.
La investigación de la trama "Púnica" investiga la presunta corrupción en varias instituciones locales y regionales de varias comunidades autónomas que estuvieron gobernadas por el Partido Popular.
La nueva pieza del caso se conoce dos semanas después de que el Tribunal Superior de Murcia anunciara que investigará a Sánchez por los supuestos delitos de fraude y malversación de caudales públicos, entre otros, dentro de un caso separado en torno a la construcción de un auditorio.
De esta manera aumenta la presión sobre el gobierno regional de Murcia, controlado desde 2015 por el Partido Popular gracias a un pacto con el partido liberal Ciudadanos bajo el cual el mandatario se vería obligado a dimitir en caso de verse involucrado en una investigación de este tipo.
También supone un nuevo golpe para el Partido Popular, que este fin de semana celebró un Congreso Nacional en el que la formación intentó mostrar regeneración y unidad tras perder casi tres millones de votos desde 2011.
El PP se ha visto salpicado en estos últimos años por numerosos casos de corrupción que han dañado su imagen y le ha hecho perder, además del apoyo ciudadano, los gobiernos de varias comunidades autónomas.