MADRID (Reuters) - Exactamente cuatro meses después del arranque de uno de los juicios más relevantes de la democracia moderna española, el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dejo el miércoles vista para sentencia la causa contra doce líderes soberanistas catalanes por su papel en el intento de secesión de la región el otoño de 2017.
"Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia. Abandonen la sala por favor", dijo Marchena.
Previamente, los abogados habían hecho su alegato final, negando que sus defendidos hubiesen cometido el delito de rebelión ni actuado violentamente, frente a las afirmaciones de los fiscales que señalaron que los líderes independentistas habían intentando un "golpe de estado" deliberado contra España.
Los acusados, líderes políticos y civiles de la región, se enfrentan a varios años de cárcel por organizar un referéndum secesionista y realizar posteriormente una declaración unilateral de independencia pese a que ambos hechos fueron considerados ilegales por el Tribunal Constitucional.
Tras la declaración de independencia en octubre de 2017, el Gobierno central, entonces en manos del PP, suspendió la autonomía antes de convocar elecciones anticipadas en la región.
Aunque la mayor parte de los líderes independentistas fueron detenidos y llevan en prisión preventiva desde entonces, otros, entre ellos el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huyeron del país.
Los acusados y sus simpatizantes aseguran que son presos políticos que están siendo juzgados por sus ideas y que no han cometido ninguna ilegalidad, mientras el Gobierno de Madrid dice que están siendo juzgados en cumplimiento estricto de la ley.
VUELTA A LA POLÍTICA
Dos de los acusados, el exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva, ambos de la formación de izquierda ERC, aprovecharon su última intervención en el juicio para pedir un regreso a la política para solucionar un conflicto que ha enquistado las relaciones entre Barcelona y Madrid y provocado una profunda división en la sociedad española.
"Lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debía de haber salido", dijo Junqueras. "Nos encontramos ante una oportunidad ... magnífica. Deberíamos poder convertirla en una respuesta que nos permita seguir avanzando desde la confianza, el respeto y el reconocimiento de las opiniones de cada uno", señaló por su parte Romeva.
La sentencia del denominado juicio del "procés" podría demorarse meses mientras el tribunal valora los testimonios de casi 500 personas y la ingente documentación aportada.
Aunque la prensa española ha dejado caer que el veredicto podría estar listo para mediados de octubre, cuando se cumple el plazo de dos años de prisión preventiva para alguno de los acusados, lo cierto es que no hay una fecha fija para entregar la sentencia porque la ley española permite prorrogar la situación de prisión preventiva dos años más.
El "procés" lleva condicionando la política nacional española durante ya casi dos años y el comienzo del juicio fue uno de los detonantes para las elecciones anticipadas del pasado mes de abril, que fueron convocadas por el Gobierno socialista en funciones después de no poder sacar adelante los presupuestos de 2019 al retirar el apoyo parlamentario los diputados soberanistas catalanes.
El proceso también ha impulsado al partido español de extrema derecha Vox, que ya tiene representación en el Parlamento nacional y que ha tenido un papel activo en el juicio como acusación popular.
(Información de Jose Elías Rodríguez; Editado por Emma Pinedo)