MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo ha denegado al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras el traslado a una cárcel de Cataluña, donde pretendía asistir a la constitución del Parlamento la semana próxima y a una posterior investidura, según un auto difundido el viernes.
El juez Pablo Llarena denegó también el traslado a otros dos diputados electos, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, de la plataforma soberanista JxC, que al igual que el líder de ERC están en prisión preventiva acusados, entre otros delitos, de sedición durante el proceso que llevó a la declaración unilateral de independencia de Cataluña en octubre.
Pese a declarar la "incapacidad legal prolongada" de los tres para acudir a los debates y votaciones, el juez pide al Parlament que habilite los instrumentos que permitan que puedan acceder a su condición de parlamentarios pese a su situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza.
En el auto del viernes, el juez afirma que no es necesaria la presencia en el hemiciclo de Junqueras -al que el mismo juez negó la excarcelación bajo fianza la semana pasada- para ejercer su derecho ya que pueden delegar sus votos en otro diputado, según el auto judicial.
Junqueras, acusado también de rebelión y malversación de fondos en relación al proceso independentista, había solicitado la libertad para representar a quienes lo eligieron en las elecciones autonómicas de diciembre pasado.
Los comicios, convocados por el Gobierno español dentro de las medidas de intervención en la región, supusieron un revés para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que la cita electoral formaba parte de sus intentos por desactivar el proceso independentista en Cataluña.
En su lugar, las fuerzas independentistas de JxC, ERC y CUP revalidaron la mayoría absoluta de la que se sirvieron la legislatura anterior para impulsar la creación de una república catalana independiente.
Está por ver ahora cómo se lleva a cabo la investidura de un candidato, puesto que el expresidente Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica para huir de la Justicia española, pretende asumir de nuevo el cargo de forma telemática, algo que están estudiando los letrados de la cámara regional.
El Gobierno español anunció el viernes que, en caso de que la Mesa del Parlament acepte una investidura a distancia, recurriría de inmediato esa pretensión ante el Tribunal Constitucional.