MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional, que investiga el patrimonio de la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol, ordenó el miércoles el registro de su domicilio y del de su primogénito, para quien decretó la víspera prisión provisional.
Según una nota de la Audiencia, en los registros ordenados por el juez José de la Mata estaba presente Jordi Pujol Ferrusola, encarcelado el martes para evitar la ocultación y alteración de fuentes de pruebas en una investigación por supuesto blanqueo de capitales.
Además de este delito, el mayor de los hermanos Pujol está acusado desde 2016 de delito contra la Hacienda pública, falsedad documental y fraude fiscal a través de un entramado societario de consultoría e intermediación que facturó más de 11 millones de euros, según estima el juez.
"Las sociedades instrumentales no producen valor real añadido alguno, y su única utilización ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero", señala el auto que el martes le envió a prisión.
La investigación comenzó cuando su padre, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, reconoció en 2014 que tuvo dinero en el extranjero sin declarar durante más de tres décadas, algo que atribuyó a una herencia familiar.
El reconocimiento de la fortuna en el extranjero de Pujol y las dudas sobre su origen pusieron fin a una imagen de honradez construida durante decenios y que constituía uno de los baluartes de algunos políticos regionales, que defendían que en Cataluña no cabía la corrupción generalizada que se ha dado en España en las últimas décadas.
Durante la investigación, Jordi Pujol Ferrusola ha declarado anteriormente ante el juez que las operaciones investigadas estaban relacionadas con la gestión del legado de su padre, pero la investigación no ha encontrado elementos que verifiquen esa versión.
Según el auto judicial del martes, el mayor de los siete hijos de Pujol coordinó durante años un importante patrimonio económico de procedencia indeterminada en Andorra y otras jurisdicciones y lo destinó a inversiones inmobiliarias y financieras de las que se benefició toda la familia.
"Existen indicios consistentes que revelan pautas comunes de actuación; coordinación de actividades; asignación de roles; distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos en función de los ingresos que se recibían en cuentas bancarias ocultas", recoge el auto.