MADRID (Reuters) - El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concluido la instrucción del caso conocido como de las "tarjetas black" de Caja Madrid y mantiene las imputaciones contra los expresidentes de dicha entidad y de Bankia (MC:BKIA), Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y otras 64 personas, informó el miércoles en un auto.
Según el magistrado, los hechos investigados pueden constituir un delito de administración desleal para aquellos que ocuparon cargos en los consejos de administración de las dos entidades, o de apropiación indebida en el resto de casos.
"Se desprenden indicios racionales y fundados de criminalidad contra los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y ejecutivos de Caja de Madrid y Bankia que recibieron de las citadas entidades unas tarjetas de crédito tituladas a su nombre, emitidas sin respaldo contractual alguno, que usaron para gastos personales y propios", sostuvo Andreu en su auto.
El caso de las tarjetas opacas es uno de los tres frentes judiciales que tiene abiertos Rato, ex director gerente del FMI y exministro de Economía, junto con una investigación en un tribunal madrileño por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales y otra en la Audiencia Nacional por un presunto fraude en la salida a bolsa de Bankia.
El magistrado sostuvo que las investigaciones han revelado indicios de que las tarjetas opacas se emitieron fuera del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas de la entidad y que su uso no tenía como finalidad gastos de representación o relacionados con actividades profesionales.
"Las cantidades dispuestas mediante el uso de tales tarjetas deberían ser tratadas como retribuciones irregulares", dijo.
Los hechos investigados tuvieron lugar entre los años 2003 y 2009, según la Sala Penal de la Audiencia Nacional, período en el que determinados directivos y altos cargos de las entidades destinaron al pago de gastos propios y ajenos una cantidad que superó los 15 millones de euros.
Estas investigaciones al exministro de Economía del gobierno del Partido Popular entre 1996 y 2004 han dañado especialmente al partido, ya que Rato fue considerado el artífice del "milagro económico" que España vivió en esos años.
Andreu da ahora un plazo de 10 días a las partes para solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.