MADRID (Reuters) - El Parlamento catalán aprobó la madrugada del viernes la ley que pretende gestionar la transición hacia una hipotética república catalana, que será previsiblemente recurrida por el Gobierno central y pese a que el Tribunal Constitucional ha paralizado cautelarmente la celebración de un referéndum de independencia.
La ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que el Gobierno catalán pretende poner en marcha si ganara el sí en una consulta secesionista, fue sacada adelante alrededor de la 1 de la madrugada con los 71 votos a favor de las fuerzas soberanistas que componen la coalición Junts pel Sí y de la CUP, más un diputado no adscrito, y 10 votos en contra.
Los diputados del PP, PSC y Ciudadanos se ausentaron de la votación tras un debate bronco que repitió los enfrentamientos de la víspera, cuando se aprobó la ley del referéndum.
"La ley da forma jurídica, de manera transitoria, a los elementos básicos de un estado catalán y, según la disposición final de la ley, entrará en vigor si la opción del sí ganara en el referéndum de autodeterminación que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocó ayer para el domingo 1 de octubre", dijo el Parlamento catalán en su página web.
El debate y posterior aprobación de la ley se realizaron tras alterarse el orden del día de la cámara y pese a que el Tribunal Constitucional paralizó el jueves la ley y convocatoria del referéndum de independencia de Cataluña, después de admitir a trámite cuatro recursos planteados por el Gobierno español. [nL8N1LO6WM]
Dicha admisión a trámite contra los acuerdos adoptados la víspera en el Parlament y la Generalitat supone la inmediata suspensión de la convocatoria de referéndum, aunque el Gobierno catalán ha asegurado que seguirá adelante con sus planes.
La ley de Transitoriedad, compuesta por 89 artículos, pretende ser la normativa temporal que rija en Cataluña hasta la redacción definitiva de una Constitución de la República catalana, un plazo durante el cual seguirían funcionando las leyes vigentes autonómicas, estatales y de la Unión Europea.
En su articulado establece que el presidente de la Generalitat será el presidente de la República, que la nacionalidad catalana no exige la renuncia a la nacionalidad española y también fija al castellano como lengua cooficial.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reiteró el jueves que la consulta el 1 de octubre no se va a celebrar y advirtió a los alcaldes de los más de 900 municipios de Cataluña de su obligación de cumplir la ley y no ceder espacios públicos para que los catalanes puedan votar. [nL8N1LO3UC]
La jornada del jueves estuvo marcada por las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno central, que ha prometido actuar con toda la maquinaria jurídica disponible por el Estado.
En este sentido, la Fiscalía General del Estado anunció que se querellará contra los miembros de Govern que firmaron el decreto de una convocatoria considerada contraria a la legalidad y contra los miembros de la Mesa del Parlament que admitieron a trámite la ley del referéndum.
(Información de Raquel Castillo; Editado por Jose Elías Rodríguez)