MADRID (Reuters) - El líder del principal partido de la oposición en España y el presidente regional vasco pidieron que se abra la vía del diálogo en Cataluña, donde las autoridades locales mantienen la convocatoria de un referéndum soberanista para el 1 de octubre pese a iniciativas judiciales y policiales destinadas a impedirlo.
En un momento de recrudecimiento en el choque institucional entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los partidos independentistas en la Generalitat, el secretario general del PSOE Pedro Sánchez hizo un nuevo llamamiento a la tercera vía, la de la negociación.
"El PSOE va a obligar a Rajoy a dialogar para encontrar una solución pactada", dijo el líder socialista en un acto del partido el sábado, en el que también volvió a pedir al gobierno catalán que desconvoque la consulta, que calificó de "farsa".
"La solución pasa por dejar atrás la ley del más fuerte y abrir la puerta a la ley del diálogo", dijo en una entrevista con La Vanguardia el domingo, en referencia a las recientes acciones judiciales y policiales destinadas a desbaratar la logística de la votación.
Las autoridades catalanas han insistido en los últimos días en que la votación se llevará a cabo pese a estas iniciativas, mientras el Gobierno ha decidido asumir la coordinación de las fuerzas policiales -incluida la policía autonómica- para evitar que se celebre la consulta.
"Sin la ley no ha salida, pero con la ley solo no basta, se necesita la política", dijo Sánchez, señalando que su apuesta es una reforma de la legislación para "reforzar, ampliar y blindar el autogobierno catalán".
Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu, del Partido Nacionalista Vasco, dijo que "la solución es un referéndum legal y pactado", e hizo un llamamiento a que se busque una salida similar a las de Québec en Canadá y Escocia en Reino Unido, donde se celebraron consultas de autodeterminación.
"Los conflictos requieren soluciones políticas, el punto de partida es reconocer la existencia de dos naciones (la catalana y la vasca) que quieren decidir su futuro... ¿Dónde está el problema?", dijo el dirigente del PNV, una formación clave que puede ser decisiva para que el Ejecutivo del PP, en minoría en el Congreso, saque adelante los Presupuestos del año que viene.
En el enfrentamiento entre el Gobierno del PP y las autoridades catalanas, ambas partes se han reprochado con frecuencia la ausencia de voluntad negociadora, aunque tanto el Ejecutivo central como el Govern han dejado claro que la celebración del referéndum no era negociable.
Mientras Rajoy insiste en que el Gobierno no puede negociar una consulta que supondría "la ruptura de una Constitución que no es patrimonio mío", la mayoría independentista en el Parlamento catalán se muestra dispuesta a debatir la forma de la votación pero no el fondo.
Los dos dirigentes coincidieron en culpar al PP de haber dado alas al conflicto secesionista en Cataluña con su oposición al Estatut de Cataluña en 2006, que fue aprobado en referéndum por los catalanes y después modificado por el Tribunal Constitucional (TC) en 2010 tras un recurso de la formación de Mariano Rajoy.
Ese recorte del Estatut fue considerado una afrenta por la mayoría de los catalanes, reforzando la deriva independentista en la región.
"Hace siete años los poderes del Estado mutilaron el Estatut... No midieron las consecuencias, y hoy pregunto al gobierno español: ¿ha valorado las consecuencias futuras de las decisiones judiciales, penales y policiales que está impulsando?", dijo Urkullu, que pidió al Gobierno reconocer la realidad plurinacional en España.
"Estas decisiones llevan a un escenario de escisión social y de ruptura política e institucional que será muy difícil de revertir en mucho tiempo, no repitan el error de hace siete años", añadió el líder.
Sánchez, que dijo que la "confianza entre Catalunya y el conjunto de España se quebró" con la decisión del TC en 2010, dijo que "lo sensato" tras el 1 de octubre sería convocar unas elecciones regionales en Cataluña "para que la sociedad catalana abriera un tiempo nuevo".