MADRID (Reuters) - La ley del referéndum de autodeterminación aprobada por el Parlamento catalán no establece un mínimo de participación para que la consulta del 1 de octubre sea vinculante, y se limita a señalar que si los votos "afirmativos" superan a los "negativos", se declarará la independencia de Cataluña.
La norma, aprobada en medio de una fuerte polémica y considerada inconstitucional por el Gobierno central, alude al derecho de autodeterminación recogido en jurisprudencia internacional y dice que su aprobación deriva del mandato surgido de las elecciones autonómicas de 2015.
En esos comicios, planteados como plebiscitarios por el Gobierno catalán, las fuerzas independentistas lograron la mayoría absoluta del Parlamento autónomo, aunque no lograron superar el 50 por ciento de los votos, quedándose con el 47,8 por ciento de las papeletas.
Con un censo electoral estimado en 5,5 millones de personas, en la consulta no vinculante también declarada ilegal celebrada en 2014 participaron más de dos millones de catalanes, lo que supone algo más del 30 por ciento de los electores.
Según la ley del referéndum, si el 1 de octubre el "sí" gana al "no", el Parlamento celebrará una sesión ordinaria en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados "para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente".
Por el contrario, en el caso de que hubiera más votos negativos que afirmativos a la pregunta que planteará el referéndum -"¿Desea que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?"-, el resultado implicaría la convocatoria inmediata de unas elecciones autonómicas.
CENSO DE MARZO
Además de la ley del referéndum y de la convocatoria de la consulta firmada por todo el Gobierno catalán, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó el jueves otro decreto que incluye normas complementarias que desarrollan la ley, con apartados sobre el censo, las papeletas o el escrutinio.
Ese texto recoge que la elaboración del censo electoral es competencia de la administración electoral del Gobierno catalán y que se utilizará el que se cerró el pasado 30 de marzo, sin especificar más detalles.
El origen de los datos de los electores había sido otro elemento de polémica, ya que el Gobierno central considera que el censo es de su competencia exclusiva.
Respecto a las urnas, sobre la que existe un gran secretismo, el decreto se limita a afirmar que serán de un "material resistente" y que contarán con una tapa que incluirá una ranura en el centro por donde se introducirán los votos.
El decreto fija que la campaña comenzará el 15 de septiembre y que la votación se celebrará desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas del mismo día.
Además de estos textos legales, el Gobierno catalán ha habilitado una página web donde responde a posibles dudas de los electores sobre la consulta -https://www.referendum.cat/es/- en la que se recogen curiosidades como que se podrá votar con el documento nacional de identidad aunque esté caducado.
La web también especifica que es "obligatorio, no voluntario" ejercer como miembro de una mesa electoral si se es elegido mediante sorteo del censo, aunque no se explican las eventuales consecuencias de no aceptar la designación de presidente o vocal de una mesa.
En una declaración institucional en la que anunció que había pedido al Tribunal Constitucional que anulara la ley del referéndum, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo el jueves que ningún ciudadano o funcionario catalán podría ser obligado a "hacer algo ilegal" y reiteró que el 1 de octubre no habría una consulta sobre la independencia.