BRASILIA (Reuters) - El Senado de Brasil votó en la madrugada del miércoles a favor de presentar cargos contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff y someterla a juicio por violar las leyes presupuestarias, en un proceso de impugnación que ha paralizado a la política local desde enero.
Mientras la atención de todo Brasil está puesta en los Juegos Olímpicos en Río, en Brasilia los senadores votaron por 59-21 contra la líder izquierdista en una agitada sesión encabezada por el magistrado Ricardo Lewandowski, presidente del Supremo Tribunal Federal.
De ser hallada culpable, Rousseff sería alejada definitivamente de su cargo, poniendo fin a 13 años de Gobierno del Partido de los Trabajadores, y se confirmaría al presidente interino Michel Temer para el resto del período que cierra en 2018.
Los opositores de Rousseff necesitaban apenas una mayoría simple entre los 81 senadores para poder llevarla a juicio por manipular las cuentas públicas y autorizar gastos sin la aprobación del Congreso, lo que afirman que ayudó a su reelección en el 2014.
El veredicto final se espera a fines de agosto y para declarar culpable a Rousseff se requieren dos tercios de los votos, cinco votos menos que los alcanzados por sus opositores el miércoles.
La votación del miércoles mostró que el movimiento para retirar a Rousseff ha ganado fuerza en el Senado, que en mayo había votado por 55-22 para continuar el proceso de impugnación iniciado en diciembre por la Cámara baja. También pareció sellar el destino de la presidenta suspendida, que perdió terreno clave en lugar de conseguir el apoyo de senadores indecisos.
Eso fortalecerá la posición de Temer mientras lucha por mostrar su legitimidad y estabilizar a la política de Brasil.
La incertidumbre ha obstaculizado a sus esfuerzos por frenar una crisis fiscal heredada de Rousseff, a quien se responsabiliza de llevar a la economía a la que podría ser su peor recesión desde la década de 1930.
Temer, un conservador que fue vicepresidente de Rousseff, ha instado a los senadores a concluir rápido el juicio para avanzar con sus planes para limitar el gasto público, reformar un sistema de pensiones extremadamente generoso y restaurar la confianza en las finanzas del Gobierno.