MADRID (Reuters) - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró el jueves contraria a la ley comunitaria la normativa española sobre el llamado "canon digital", al considerar que esta no garantiza que sean los usuarios de una copia privada quienes paguen la compensación correspondiente a los autores de las obras.
"El Tribunal de Justicia declara que la Directiva se opone a este sistema, en la medida en que no asegura que el coste de la compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas", dijo el TJE en un comunicado.
A finales de 2013, después de haber anulado una ley anterior que obligaba a los fabricantes de soportes digitales al pago del canon por copia privada, el Gobierno español aprobó un real decreto para compensar a los autores con cargo al erario público y en base a un importe fijado anualmente en los presupuestos públicos.
Con este sistema de compensación, todos los ciudadanos españoles pagan el canon, independientemente de si hacen o no copias privadas sin ánimo de lucro de contenidos protegidos por derechos de autor.
Las gestoras de derechos de autor se opusieron al decreto y lo llevaron ante la justicia comunitaria porque las compensaciones marcadas por los presupuestos eran sensiblemente inferiores a las recibidas con la normativa anterior, cuando eran los fabricantes de aparatos de reproducción y soportes digitales los que asumían el canon.
Aunque el TJE dijo el jueves que la directiva comunitaria no se opone a que las cuentas públicas financien el canon -solución por la que también han optado otros países como Estonia, Finlandia y Noruega-, sí dejó claro que debe garantizar "el pago de una compensación equitativa a favor de los titulares de los derechos ... y un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual".
El Ministerio de Cultura español reiteró que la medida ahora rechazada por el tribunal europeo tenía un carácter transitorio a la espera de una directriz clara desde la UE.
El Gobierno español en funciones esperará hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la materia para determinar cómo encaja la decisión europea en las leyes españolas "y adoptar las medidas que, en su caso, resulten necesarias", dijo el ministerio en un comunicado publicado el jueves.