BRASILIA (Reuters) - El máximo tribunal electoral de Brasil pospuso el martes durante cinco días hábiles el inicio de un juicio sobre financiación ilegal de campaña que podría sacar del poder al presidente Michel Temer menos de un año después de que reemplazó a la destituida Dilma Rousseff.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) aceptó un petición de más tiempo presentada por la defensa para estudiar un informe de 1.086 páginas que solicita la anulación de los comicios de 2014, ganados por Rousseff y su entonces compañero de fórmula Temer. El caso está prolongando la inestabilidad política que ha profundizado la peor recesión en la mayor economía sudamericana.
Se trata de la primera vez que el TSE deberá decidir sobre el mandato de un presidente en ejercicio, y si la mayoría de los siete magistrados que integran la corte opta por anular la fórmula, se pondría fin a la corta presidencia de Temer y el Congreso debería elegir a un sucesor en un plazo de 30 días.
La salida del segundo presidente en menos de un año aumentaría la agitación política justo cuando la economía de Brasil empieza a mostrar señales de recuperación tras la peor recesión de su historia, al tiempo que afectaría a la confianza empresarial en un momento en que el país intenta recuperar su calificación crediticia de grado de inversión.
"Crearía más confusión", advirtió el expresidente Fernando Henrique Cardoso en una entrevista en una emisora de radio el lunes, instando al tribunal a no tomar una decisión que asuste a los inversores.
Se espera que el juez del TSE encargado de estudiar el caso, Herman Benjamin, recomiende invalidar las elecciones de 2014 a partir del informe de 1.086 páginas enviado la semana pasada.
No obstante, el tribunal podría decidir invalidar el caso porque Rousseff ya no está en el cargo o declarar nula su victoria, pero librar a Temer de responsabilidad en la financiación ilegal. Esto le permitiría ser candidato para una elección indirecta en el Congreso, donde su coalición es mayoritaria.
La estrategia de los abogados de Temer es aplazar el proceso lo máximo posible y apelar cualquier dictamen adverso para que el caso no se decida hasta después de los próximos comicios presidenciales de octubre de 2018, impidiendo su salida del cargo.