MADRID (Reuters) - El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó el miércoles a todas las policías que operan en la región que impidan el uso de locales públicos para preparar el referéndum de independencia del próximo domingo, según un auto judicial.
La juez Mercedes Armas, que encabeza la causa abierta contra el Gobierno catalán por el 1 de octubre, aparta además de la investigación a la Fiscalía, que en los últimos días ha aprobado distintas medidas para evitar una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.
Las autoridades catalanas habían cuestionado que la Fiscalía -que entre otras cosas ha ordenado que la policía autonómica tome el control de los colegios electorales desde el sábado- estuviese tomando medidas cuando había una causa judicial abierta en el TSJC.
En un auto en el que sigue la línea de la Fiscalía, la juez pide a Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil que acudan de forma coordinada a los edificios públicos en los que se prepara el 1-0 y requisen todo el material relacionado con la consulta, incluidos ordenadores.
Además, dice que el día de la consulta los agentes procedan al cierre de todos los centros electorales que hayan llegado a abrirse.
Tras la "clara inobservancia" de los dictámenes judiciales por parte del Govern -cita la "burla" de órdenes de cierre de nueve páginas web sobre la votación-, la magistrada dijo actuar ante la previsible "actitud renuente" el 1 de octubre, "con clara vulneración de las determinaciones del Tribunal Constitucional".
La decisión se produce después de que la policía autonómica advirtiera de la dificultad de llevar a cabo la orden de la Fiscalía de precintar colegios electorales sin que se produjeran altercados.