MADRID, 19 abr (Reuters) - El Gobierno español negó el martes haber espiado ilegalmente a los líderes independentistas catalanes, pero no dijo nada sobre si había llevado a cabo alguna vigilancia electrónica aprobada por los tribunales, después de que un grupo de defensa de los derechos descubriera que los teléfonos de decenas de separatistas fueron objeto de vigilancia.
El lunes, el grupo canadiense Citizen Lab dijo que a raíz de un fallido intento de independencia en 2017, más de 60 personas vinculadas al movimiento separatista catalán, incluidos los líderes regionales actuales y anteriores, habían sido objetivos del software espía "Pegasus" fabricado por el Grupo NSO de Israel.
"El Gobierno no tiene nada que ocultar. Absolutamente nada", dijo la portavoz Isabel Rodríguez después de una reunión semanal del gabinete el martes, añadiendo que el Gobierno de España cooperaría plenamente con cualquier investigación sobre las acusaciones.
"España es un estado democrático y de derecho pleno y cualquier limitación de los derechos fundamentales requiere de un requerimiento o una decisión judicial motivada", dijo Rodríguez a los periodistas.
Citizen Lab dijo que no podía indicar directamente quien realizó las operaciones de espionaje, pero que las pruebas circunstanciales apuntaban a las autoridades españolas.
Cuando se le preguntó si España había realizado alguna vez una vigilancia electrónica legalmente autorizada de los dirigentes catalanes o si Madrid tenía acceso a Pegasus, que puede utilizarse para forzar a distancia los iPhones, Rodríguez declinó responder directamente.
"Hay asuntos que por tratarse de la seguridad nacional, están protegidos por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos sobre los que no puedo darles cuenta porque lo prohíbe la ley", dijo.
Citizen Lab es conocido como uno de los principales grupos de investigación sobre software espía mercenario dentro de la industria de la ciberseguridad.
También reveló esta semana que había advertido a los altos cargos británicos de que los dispositivos electrónicos conectados a las redes gubernamentales, incluidos los de la oficina del primer ministro y el Ministerio de Asuntos Exteriores, parecían ser objetivo de Pegasus.
El grupo comenzó su investigación en España en 2020 después de que los investigadores que trabajaban con el servicio de mensajería instantánea de Facebook (NASDAQ:FB), WhatsApp, advirtieran a varios legisladores catalanes, incluido el expresidente del Parlamento Roger Torrent, de que sus teléfonos habían sido hackeados.
En ese momento, un juzgado de Barcelona abrió una investigación después de que Torrent y otro diputado presentaran una demanda contra el Gobierno español.
El diario El País informó el miércoles de que la investigación estaba paralizada desde hacía más de un año, ya que el tribunal estaba esperando una respuesta del Gobierno israelí.
(Reporte de Emma Pinedo, Inti Landauro y Joan Faus; redacción de Nathan Allen; edición de Mark Heinrich, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdansk)