MADRID (Reuters) - La ministra española de Trabajo, Magdalena Valerio, anunció el jueves en el Congreso que el próximo 27 de julio el Gobierno español pagará los atrasos acumulados por la actualización de las pensiones según el IPC previsto para 2018.
Este partida se pactó a última hora en los Presupuestos de 2018, aprobados a finales del mes pasado gracias a un acuerdo que el anterior Gobierno del Partido Popular cerró con el Partido Nacionalista Vasco.
La subida supone incrementar todas las pensiones en un 1,6%, en línea con el IPC previsto para 2018.
El abono será por el equivalente a una subida del 1,35 por ciento, tras mejorar a principios de año un 0,25 por ciento. En su conjunto supone alrededor de 1.500 millones de euros para las cuentas públicas.
Este gasto extra ha sido uno de los elementos que presionan el déficit público y que dificultan, según los organismos internacionales, cumplir el objetivo inicial del PP de cerrar el año con un 2,2 por ciento.
En este sentido, la ministra ha reconocido que hasta "2022 o 2023" no espera haber logrado que el déficit de la Seguridad Social entre en equilibro y el sistema esté así preparado para empezar a pagar a la generación del 'babyboom'.
La Seguridad Social gasta más de lo que ingresa desde 2011 y es el principal lastre para las cuentas públicas al tener un saldo negativo de alrededor de 18.000 millones de euros.
Le toca ahora al Pacto de Toledo, el órgano donde representantes de todos los grupos políticos deben elaborar recomendaciones consensuadas para la sostenibilidad del sistema de pensiones, decidir si derogan definitivamente la reforma de 2013 que fija las subidas del 0,25 por ciento y regresan a tomar el IPC como referencia.
Antes del cambio de Gobierno, el pasado 1 de junio, los diputados estaban próximos a un acuerdo con una subida ligada a la inflación pero con excepciones en los años de recesión. El cambio político ha paralizado las negociaciones
(Información de Belén Carreño, editado por Rodrigo de Miguel)