MONTEVIDEO (Reuters) - El ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Eugenio Figueredo acusó al director general de la organización, Gorka Villar, de extorsionar a clubes uruguayos que presentaron una denuncia en su contra, por lo que el fiscal del caso lo citó a declarar, informaron medios locales.
Según el diario El País, el fiscal Juan Gómez envió un exhorto a la Justicia paraguaya para que Villar designe abogado dado que pretende que declare en la causa en Uruguay. "Ya enviamos el exhorto, ahora tenemos que esperar", declaró el fiscal al periódico.
Gómez es el fiscal de la causa en la que es investigado Figueredo a raíz de una denuncia presentada en 2013 por la gremial de futbolistas y por varios clubes locales, por una dudosa asignación de derechos de televisación de torneos de fútbol continentales.
"Por los argumentos esgrimidos (el fiscal) tiene los elementos para traerlo", dijo a Reuters el abogado Pablo Barreiro, que representa al sindicato de jugadores de fútbol local.
Figueredo, de 83 años y también ex dirigente de la FIFA, arribó a Uruguay el jueves, luego de ser extraditado por Suiza, donde estaba detenido desde mayo. El dirigente acusó a Villar de "extorsionar" y ejercer "presiones" sobre los clubes después de que realizaron la denuncia, dijo Barreiro.
Gómez aseguró que Villar pudo proceder de esta manera gracias a la influencia de su padre, el presidente de la Federación Española de Fútbol y vicepresidente primero de la UEFA y la FIFA, Ángel María Villar.
Figueredo también afirmó que los presidentes de las asociaciones que integran la Conmebol recibían grandes sumas de empresas televisivas por la firma de contratos de derechos de emisión, dijo Barreiro. Luego de recibir este dinero, se evitaba el llamado a nuevos oferentes o contratantes en los torneos organizados por la Conmebol.
Figueredo fue internado en el hospital el viernes tras sufrir una descompensación, pero el sábado por la tarde recibió el alta médica y volvió a la cárcel. Su abogada, Karen Pintos, dijo a Reuters que pedirá la prisión domiciliaria debido a la edad y al estado de salud de su defendido.
(Reporte de Matías Larramendi; editado por Hernán García)