Por Sarah N. Lynch y Jacqueline Thomsen
WASHINGTON, 4 ago (Reuters) - La jueza encargada de juzgar al expresidente de Estados Unidos Donald Trump por su manejo de documentos clasificados cometió dos errores clave en un juicio celebrado en junio, uno de los cuales violó un derecho constitucional fundamental del acusado y podría haber invalidado el proceso, según expertos legales y una transcripción judicial.
La jueza de distrito Aileen Cannon, con sede en Florida, hizo a puerta cerrada la selección del jurado para el juicio de un hombre de Alabama acusado por la fiscalía federal de dirigir una página web con imágenes de abusos sexuales a menores. No dio acceso a la familia del acusado y al público en general, según una transcripción del juicio obtenida por Reuters. El derecho de un acusado a un juicio público está consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Cannon, una ex fiscal federal de 42 años nombrada por Trump para el banquillo en 2020, ya avanzada su presidencia, también se olvidó de tomar juramento al grupo de posibles jurados, un procedimiento obligatorio en el que las personas que pueden formar parte del panel se comprometen a decir la verdad durante el proceso de selección. Este error obligó a Cannon a reiniciar la selección del jurado antes de que el juicio terminara abruptamente con el acusado William Spearman declarándose culpable como parte de un acuerdo con los fiscales.
La decisión de Cannon de celebrar el juicio a puerta cerrada representa "un error constitucional fundamental", dijo Stephen Smith, profesor de la Facultad de Derecho de Santa Clara (California). "Ignoró por completo el derecho a un juicio público. Es como si no supiera que existía".
La jueza citó restricciones de espacio en su pequeña sala del tribunal federal de Fort Pierce, Florida para justificar la decisión.
Expertos jurídicos señalaron que el cierre de una sala al público ha sido reconocido por el Tribunal Supremo de EEUU como un "error estructural" — un error tan importante que puede invalidar un juicio penal, ya que afecta al núcleo de todo el proceso. También se considera que un juicio público afecta a los derechos de libertad de reunión, expresión y prensa consagrados en la Primera Enmienda.
La decisión de Cannon plantea interrogantes sobre cómo gestionará el intenso interés público que suscitará el juicio de Trump, cuyo inicio está previsto para el 20 de mayo de 2024 en la misma sala.
El enjuiciamiento sin precedentes de un expresidente en plena campaña para volver a la Casa Blanca promete generar un enorme escrutinio público. El juicio también representará la primera vez que Cannon se ocupe de un caso relacionado con pruebas clasificadas y las arcanas normas que las rodean.
Los errores de Cannon en el juicio también ilustran su inexperiencia judicial, dijeron en entrevistas cinco ex jueces federales —designados por demócratas y republicanos—.
"La falta de experiencia puede ser muy dura en un caso importante, especialmente cuando hay toda esta atención mediática y todo lo que haces está siendo observado, comentado y cuestionado", dijo Jeremy Fogel, un ex juez federal que dirige el Instituto Judicial de Berkeley (LON:BKGH) en California.
Cannon no respondió a una solicitud de comentarios. Scott Berry, defensor público federal que representa a Spearman, declinó hacer comentarios, al igual que un portavoz del Departamento de Justicia.
(Información de Jacqueline Thomsen and Sarah N. Lynch; editado por Will Dunham and Scott Malone; editado en español por Javi West Larrañaga)