Por Marco Aquino y Mitra Taj
LIMA (Reuters) - Alan García, que gobernó Perú en dos ocasiones, se suicidó el miércoles de un disparo en la cabeza cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo en el marco de una investigación por corrupción que ha puesto bajo a la lupa a cuatro expresidentes.
García, de 69 años, falleció en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde lo trasladaron poco después de que se pegó un tiro en su habitación con un "arma de puño" de su propiedad, en el segundo piso de su vivienda en el distrito residencial de Miraflores, según el relato de su secretario personal.
Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, el exmandatario solicitó hablar por teléfono con su abogado y se encerró en su habitación. "A los pocos minutos se escuchó un disparo de arma de fuego y la policía ingresó y encontró a García con una herida de bala en la cabeza", dijo a periodistas el ministro de Interior, Carlos Morán.
El expresidente estaba siendo investigado por su relación con la constructora Odebrecht, que sacudió a América Latina en 2016 cuando admitió que pagó sobornos a políticos para ganar contratos de obras públicas en la región.
García, que gobernó entre 1985 y 1990 y entre 2006 y 2011, fue una figura gravitante en la escena política peruana que se fue moviendo desde la izquierda a la ortodoxia liberal.
El presidente Martín Vizcarra decretó tres días de luto nacional por la muerte de García hasta el viernes; y ordenó izar a media asta de la bandera peruana en todos los edificios públicos, incluido el Congreso, donde García fue diputado.
"Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos", dijo Vizcarra, en Twitter.
Decenas de simpatizantes, amigos y políticos de su partido APRA que habían llegado al hospital reaccionaron con indignación y tristeza a la noticia de su muerte. Algunos entonaron el himno del grupo político que se fundó hace casi un siglo.
La muerte de García conmocionó al país que lo vio convertirse en uno de los presidentes más jóvenes del mundo cuando tenía 36 años.
"!El APRA nunca muere!", gritaron sus partidarios, algunos llorando, en medio de decenas de policías antidisturbios y reporteros de medios de comunicación.
García será velado en la "Casa del Pueblo", como se conoce a la sede del único partido en el que militó, en el centro de Lima. "García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista", dijo el legislador y uno de los líderes del grupo, Mauricio Mulder.
CUARTO EN DESGRACIA
La policía llegó a la casa de García quien era una de las nueve personas contra las que el juez ordenó una detención preliminar. Un grupo de fiscales siguió buscando pruebas después de que el político fue trasladado al hospital.
El exmandatario, que destacó por ser un hábil orador, había rechazado varias veces las acusaciones en su contra y se había declarado un perseguido de sus enemigos políticos.[L1N21Z0SM]
"Yo confío en la historia, yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte", dijo el exmandatario la noche del martes en una última entrevista con la radio local RPP.[L1N21Z1OY]
La muerte de García prodría arrojar agua fría a la investigación de Odebrecht en Perú y profundizar la división entre el Gobierno de Vizcarra y la oposición de derecha que controla el Congreso, donde García tenía aliados influyentes.
El año pasado, García solicitó asilo político a Uruguay tras una orden judicial que le prohibió salir del país para evitar que huyera u obstruyera la pesquisa, pero Montevideo la rechazó.
Si la detención de García se hubiera llevado a cabo, se habría convertido en el tercer expresidente de Perú en haber sido arrestado en el caso Odebrecht. Ollanta Humala pasó nueve meses en prisión preventiva en 2017-2018 y Pedro Pablo Kuczynski fue arrestado sin cargos la semana pasada.
Un cuarto expresidente, Alejandro Toledo, está luchando contra un pedido de extradición desde Estados Unidos luego de que un juez peruano ordenó en el 2017 que lo encarcelen por 18 meses. Todos han negado las acusaciones.[L1N21Z0U9]
Los sospechosos de delitos pueden pasar hasta tres años en la cárcel antes del juicio, de acuerdo a la legislación peruana, si los fiscales pueden demostrar que tienen pruebas que probablemente conduzcan a una condena.
(Reporte de Marco Aquino. Reporte adicional de Mitra Taj y María Cervantes, Editado Gabriela Donoso/Janisse Huambachano)