MADRID (Reuters) - Los miembros de la Familia Real española no podrán trabajar en el sector privado y las cuentas de la Corona se someterán a una auditoría estatal, según una serie de nuevas normas con las que la institución aspira a mejorar la transparencia.
"Los miembros de la Familia Real solamente podrán desarrollar, con carácter de exclusividad, actividades de naturaleza institucional", dijo el lunes la Casa Real en una nota de prensa en la que no hace mención expresa al sector privado.
Felipe VI, que en su proclamación como rey hace poco más de un mes prometió encarnar una Corona renovada para un tiempo nuevo, requerirá también un código de conducta para sus empleados y eliminará los pagos por representación a los que hasta ahora tenían derecho sus hermanas mayores, Elena y Cristina.
"Los miembros de la familia de Su Majestad el Rey que no sean miembros de la Familia Real (en la que no se incluyen Elena y Cristina) (...) no percibirán retribución del presupuesto de la Casa de S.M. el Rey", dijo la Casa Real.
La imputación de Cristina por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales dentro del caso de corrupción Nóos ha perjudicado enormemente la imagen de la Casa Real y desde algunos sectores se apunta como una de las razones que llevaron a la repentina abdicación de Juan Carlos I a principios de junio, después de 39 años al frente de la jefatura del Estado.
Se prevé que las nuevas medidas estén aprobadas antes del fin de 2014, distinguiendo entre los miembros de la Familia Real - su mujer la reina Letizia, sus hijas Leonor y Sofía y sus padres los reyes Juan Carlos y Sofía - y otros familiares del Rey, que no desarrollarán actividades de carácter institucional.
Entre otros cambios, Felipe VI contará con un equipo de asesoría jurídica permanente en el que colaborará la Abogacía del Estado, se establecerá un régimen jurídico para los regalos recibidos por los integrantes de la Familia Real y se publicarán anualmente las cuentas de la Casa Real con su informe de auditoría externo -realizado por la Intervención General del Estado- y una memoria de las actividades institucionales.
El monarca, que asumió la Corona en un momento delicado, ha declarado su intención de buscar la cercanía con los ciudadanos y velar por el prestigio de la institución en momentos en los que cada vez más voces claman por la celebración de un referéndum sobre la continuidad de la monarquía.
El 62 por ciento de los españoles estaría a favor de convocar un referéndum sobre la monarquía, según los datos de un reciente sondeo de Metroscopia.
Ante una hipotética consulta, el 49 por ciento preferiría sin embargo una monarquía con Felipe VI, frente al 36 por ciento que optaría por una república presidida por una figura pública relevante, de acuerdo a la encuesta.
La Corona en España comenzó a ser fuertemente cuestionada después de que en 2012 trascendiera un viaje privado del rey Juan Carlos a Botsuana para una cacería de elefantes, cuando el país estaba al borde de un rescate financiero y que solo se conoció porque el exmonarca se rompió la cadera.
La imputación de Cristina de Borbón y de su marido Iñaki Urdangarin en un caso por el presunto desvío de fondos públicos a una fundación sin fines de lucro terminó de dañar la credibilidad de una institución a la que los ciudadanos cada vez veían más lejana.