SANTIAGO, 1 ago (Reuters) - La campaña para aprobar o rechazar la nueva constitución chilena en un plebiscito en septiembre atraviesa sus últimas semanas, en momentos en que el gobierno del presidente progresista Gabriel Boric asumió un rol más activo en defender la propuesta, mientras la opción favorable sigue detrás del rechazo.
Ese mayor protagonismo, sin embargo, llevó a que la Contraloría anunciara la semana pasada que investigará un supuesto intervencionismo electoral, principalmente respecto de una campaña informativa del ministerio de la Secretaría General de Gobierno encabezado por la portavoz Camila Vallejo.
"Contraloría tiene que fiscalizar", dijo Boric a periodistas tras el anuncio. "Pero no tengo ninguna duda de que el espíritu con el cual nosotros hemos actuado no es en ningún caso de intervencionismo, sino de difundir información".
La secretaría de gobierno declinó responder a consultas de Reuters.
De acuerdo a la normativa chilena, quienes desempeñan cargos públicos no pueden hacer proselitismo o propaganda, a menos que estén fuera de su jornada de trabajo y con recursos propios.
En las últimas semanas las encuestas de cara al plebiscito del 4 de septiembre han mostrado que la diferencia entre ambas opciones ha disminuido, aunque el rechazo sigue corriendo con ventaja. El domingo, la firma privada Cadem dijo el rechazo subió solamente un punto a 48% de los votos y el apruebo perdió un punto al 38% de las preferencias.
En los últimos días, además, la expresidenta socialista Michelle Bachelet, que está terminando su periodo como jefa de la oficina de derechos humanos de la ONU, respaldó la propuesta constitucional.
El analista político Cristóbal Bellolio dijo que a esta altura del proceso está demostrado que la intención de voto por la opción apruebo está vinculada al respaldo al propio gobierno, que cayó drásticamente en los primeros meses tras asumir en marzo, pero se ha ido recuperando.
"Ya el gobierno se está jugando por completo por tratar de subir su popularidad en estas semanas", dijo Bellolio, enumerando recientes anuncios sociales como ingresos familiares directos o ampliación de accesos a la salud pública, en un intento de remontar un panorama hasta ahora desfavorable.
En el horizonte se vislumbran, además, algunos planes en caso de que gane la opción de rechazar la propuesta que busca reemplazar la constitución heredada de la dictadura militar.
En el Congreso avanza una iniciativa para rebajar las exigentes mayorías que requiere reformar la constitución actual, mientras por otro lado el propio gobierno ha reconocido que hay aspectos de la propuesta que podrían ser eventualmente cambiados, aunque no se ha comprometido con ningún cambio específico.
En octubre de 2020, un año después del estallido social que llevó a multitudes a las calles exigiendo más bienestar y derechos sociales en un país caracterizado por su estabilidad política y económica, una mayoría de casi 80% abrió la puerta a la redacción de un nuevo texto, pero el entusiasmo se debilitó durante el proceso.
(Reporte de Natalia Ramos, reporte adicional de Alexander Villegas)