Por Simon Lewis y Shoon Naing
RANGÚN (Reuters) - El mundo debe cortar el apoyo financiero y de cualquier otro tipo a las fuerzas armadas de Myanmar, dijo el martes la misión de investigación de la ONU en el país, reiterando su llamamiento para que se procese a los generales de alto rango por los abusos contra la minoría musulmana rohinyá.
Las fuerzas de seguridad de Myanmar están acusadas de homicidio, violación en grupo e incendio provocado durante la represión que obligó a más de 730.000 personas a huir del estado de Rakáin occidental hacia el vecino Bangladés tras los ataques a puestos de policía por parte de los insurgentes rohinyá en agosto de 2017.
Myanmar ha rechazado la mayoría de las acusaciones y ha rechazado un informe del pasado mes de septiembre del grupo enviado por la ONU, que afirmaba que los oficiales militares llevaron a cabo dicha campaña contra los rohinyá con "intención genocida", por lo cual deberían ser juzgados.
El abogado australiano de derechos humanos y miembro de la misión, Christopher Sidoti, dijo que no había visto ninguna prueba de que Myanmar estuviera tratando de resolver la crisis o de facilitar el regreso seguro de los refugiados.
Pese a la prohibición de Myanmar de que visiten el país los expertos de la ONU han podido recorrer la región, incluidos los campamentos de refugiados en el distrito de Cox's Bazar, en Bangladés, a partir de principios de este mes.
"Debido a la gravedad de las violaciones cometidas en el pasado y a su persistencia, se debe prestar atención a los vínculos políticos, económicos y financieros del ejército de Myanmar, para identificar quién y qué debe ser el objetivo", dijo Sidoti.
Esto constribuiría a los esfuerzos para cortar el suministro de dinero, como medida para aumentar la presión y reducir la violencia, añadió.
La declaración no identificó naciones específicas. Los militares de Myanmar compran armas a China y Rusia, entre otros. Muchos países occidentales han apoyado programas de formación sobre abusos de derechos humanos e imponen embargos de armas.
Myanmar rechazó la misión de investigación cuando fue constituida en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra en marzo de 2017, con el mandato de investigar los abusos militares contra los rohinyá y en otros conflictos con grupos armados de carácter étnico en Myanmar.
El portavoz del Gobierno, Zaw Htay, no atendió una llamada telefónica para recabar comentarios.
El portavoz militar, el general Tun Tun Nyi, dijo que los militares investigarían las acusaciones respaldadas por pruebas, pero que la misión de investigación había hecho falsas acusaciones contra las tropas.
"Nuestro país es independiente, así que no aceptamos que se interfiera en nuestros asuntos", dijo a Reuters por teléfono.
El ejército estaba cooperando con un grupo designado por el Gobierno sobre supuestos abusos en Rakáin, dijo Tun Tun Nyi. Grupos de activistas por los derechos humanos dicen que carece de credibilidad.
La misión de la ONU dijo que todavía sigue recibiendo informes de abusos de derechos humanos en los estados de Rakáin y Chin, donde los enfrentamientos entre militares e insurgentes del grupo étnico de Rakáin, donde la mayoría es budista, han desplazado a más de 30.000 personas desde finales del año pasado.
(Información de Simon Lewis y Shoon Naing; Traducción de Darío Fernández en la redacción de Gdynia)