Por Marcin Goclowski y Anna Koper
VARSOVIA (Reuters) - La jueza polaca Malgorzata Gersdorf llegó el miércoles por la mañana al Tribunal Supremo, desafiando la nueva legislación que la obliga a abandonar el cargo de presidenta de la corte y dirigiendo al poder judicial en rumbo de colisión con el Gobierno.
Cientos de simpatizantes al grito de "constitución" y cantando el himno nacional polaco rodearon a la jueza a su entrada mientras se dirigía a los periodistas: "Mi presencia aquí no se debe a motivos políticos, estoy aquí para proteger el estado de derecho".
La legislación está en el foco de un creciente conflicto entre el partido gobernante Ley y Justicia (PiS) y la Unión Europea, la cual acusa al Gobierno de intentar controlar a los jueces y subvertir los estándares democráticos.
Según las nuevas leyes, que entraron en vigor el miércoles, hasta un tercio de los jueces del Tribunal Supremo, incluida la jueza Gersdorf de 65 años, podrían ser obligados a retirarse a menos que el presidente Andrzej Duda, aliado del partido Ley y Justicia, conceda una prórroga.
El partido nacionalista que gobierna Polonia aduce que la renovación de su legislación es necesaria para transformar un sistema judicial que dice estar impregnado del pensamiento y estructuras de poder del periodo comunista.
"Todos los estados de la UE tienen derecho a modelar su sistema legal según sus propias tradiciones", dijo el primer ministro Morawiecki ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo el miércoles.
Pero Gersdorf, que ha sido presidenta del Tribunal Supremo desde 2014, dijo que cree que la legislación es anticonstitucional y no puede ser implementada.
El conflicto ha aislado a Polonia dentro de la Unión Europea, recibiendo críticas de la mayoría de los países, mientras queda expuesta la incapacidad del bloque para controlar a los gobiernos que considera que contradicen los valores fundamentales del bloque.
La Comisión Europea ha iniciado un caso legal contra Polonia respecto a los cambios en el Supremo, afirmando que mermarían la independencia judicial del mayor miembro de la UE con un pasado comunista.
Varsovia también hace frente a la amenaza de perder su derecho a voto dentro del bloque según un proceso iniciado a finales del año pasado como respuesta a las reformas judiciales. Hungría, que también se enfrenta a las críticas sobre sus estándares democráticos, prometió detener dichas medidas.
El gobierno del partido euroescéptico Ley y Justicia (PiS) rechaza las críticas y afirma que las amenazas de la UE no otorgan a las instituciones de Bruselas poder para influir en asuntos nacionales, como el poder judicial.