Por Blanca Rodríguez
MADRID (Reuters) - La tarta de competencias y financiación de las administraciones españolas está muy mal repartida, ya que a los ayuntamientos "les sobran 8.000-9.000 millones" mientras que el resto de subsectores sufren déficit estructurales, dijo el miércoles el responsable del organismo supervisor de las cuentas públicas.
José Luis Escrivá, que compareció ante la Comisión parlamentaria para la evaluación y modernización del Estado autonómico, realizó un análisis muy crítico, señalando que no se había aprovechado todo el potencial de la gran descentralización experimentada por el país en los últimos 40 años.
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calificó de "más bien discreto" el desempeño económico de España desde 1978 hasta la actualidad, y dijo que en niveles de renta, el país estaba incluso por debajo de cuando nos comparábamos con otros países en el inicio de la transición a la democracia.
"Cuando tenemos el déficit que hay en la Seguridad Social, la presión de gasto en sanidad sobre las Comunidades Autónomas y al Estado con un déficit sensible estructural, ¿queremos que el superávit de los ayuntamientos se utilice en hacer fuentes?", se preguntó el economista.
Escrivá aludía así al anuncio realizado esta semana por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dijo que daría más facilidades para que los ayuntamientos puedan reinvertir parte de su superávit de 2017 en un abanico más amplio de proyectos municipales.
"No creo que la prioridad de España sea mejorar la infraestructura local con inversiones. Alguien por ahí arriba tiene que tener una reflexión sobre cómo ajustar los niveles competenciales y de financiación", dijo ante los diputados presentes en la comisión, señalando que el superávit local podría situarse en 2017 en el 0,7 por ciento del PIB frente aun déficit autonómico del 0,4 por ciento.
Escrivá dijo que los ayuntamientos tenían "unos 25.000 millones de euros en los bancos" procedentes de su sobrefinanciación y propuso que asumieran las competencias de asuntos sociales y dependencia, algo que en muchas ocasiones ya hacen de facto.
INEFICIENCIAS ECONÓMICAS
El presidente de la AIReF censuró la "distribución competencial difusa" y la concurrencia de normas poco precisas para una misma materia, lo que dijo generaba ineficiencias en el sistema, con solapamiento de funciones entre administraciones o incertidumbre e inseguridad jurídica.
Además, dijo que el proceso de toma de decisiones no estaba orientado a la formación de consensos ni a la cooperación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de administración, y apuntó directamente al Senado y al Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya actuación calificó de "extraordinariamente mejorable".
También añadió que el marco de disciplina fiscal actual fomentaba el incumplimiento de las reglas, y recomendó hacer pedagogía sobre una posible quita de deuda a las regiones más endeudadas ante la situación insostenible que atraviesan, aunque compensando a la vez a las CCAA más cumplidoras.
Respecto a cómo se debería reformar la financiación autonómica, Escrivá dijo que se debería abordar con un enfoque integral, teniendo en cuenta también la financiación local y se debía arrancar desde el lado de los gastos, en lugar de por los ingresos, para saber cuánto cuestan los servicios públicos que se dan a los ciudadanos.
"Antes de que llegue la discusión política tiene que haber una evaluación mucho más profunda de lo que cuestan estos servicios", dijo, señalando que había que garantizar un acceso a ellos similar en todas partes y evitar las fluctuaciones registradas en los últimos años durante la crisis.