MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional admitió el miércoles a trámite una denuncia de la Fiscalía por delitos de sedición durante unas manifestaciones en Barcelona en protesta por las detenciones de altos cargos del Ejecutivo regional, dentro de la disputa legal por el reto independentista en Cataluña.
La investigación se centraba en los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre en relación a las concentraciones ante la Consejería de Economía de la Generalitat, donde se activó un dispositivo de seguridad para permitir la salida de una Comisión Judicial.
La denuncia también detalló el ataque a tres vehículos oficiales de la Guardia Civil e incluso el uso de disparos de los agentes para evitar "el ataque inminente" a un furgón policial, en un escrito que empleaba reiteradamente términos como "turba" o "tumultuarias".
La juez Carmen Lamela considera en su auto que la investigación del delito de sedición, tal y como acontecieron los hechos, es competencia de la Audiencia Nacional porque podrían atentar también contra la forma de Gobierno en España, lo que activaría las competencias en esta materia por parte del tribunal con sede en Madrid.
"El bien jurídico que se protege es el orden público (..) y el principio de autoridad entendido como el que la ciudadanía deposita en las instituciones para el ejercicio adecuado de las funciones que desempeña al servicio de una sociedad democrática (..) quedarían en entredicho si fueran impedidas por la fuerza", señala el auto.
La decisión de la juez se produce a cuatro días de un referéndum de independencia que las autoridades catalanas mantienen pese a los golpes judiciales y policiales a su logística.
El referéndum está paralizado por el Tribunal Constitucional y el Gobierno español ha reiterado que no se celebrará.
RIESGO DE ORDEN PÚBLICO
La Fiscalía ha dado órdenes en los últimos días a la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, para que tomen el control de los colegios electorales antes de la celebración del referéndum.
Ante el requerimiento de los fiscales, los Mossos respondieron el miércoles que su cumplimiento podría "comportar consecuencias no deseadas" relativas a la seguridad ciudadana y a un "más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se puedan derivar", según su cuenta de Twitter.
Los centros de votación han sido uno de los temas más controvertidos de las últimas semanas, después de que la Generalitat pidiera a los 947 ayuntamientos catalanes que cedieran locales municipales para colocar urnas, algo a lo que más de 700 dieron su visto bueno.